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Analistas 05/10/2021

Objetivos no alcanzados

Héctor Francisco Torres
Gerente General LHH

Contratada por el presidente Pedro Nel Ospina y financiada con parte de la indemnización que en virtud del tratado Urrutia-Thomson, el gobierno de los Estados Unidos le pagó a Colombia por la toma de Panamá, el 10 de marzo de 1923 llegó a Bogotá la misión Kemmerer con el propósito de promover ajustes a las estructuras bancarias, fiscales y monetarias que hasta entonces regían en nuestro país. Fruto del trabajo de este grupo de expertos, asomaron a la vida jurídica el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General.

Le corresponde a esta última entidad garantizar el buen uso adecuado de los recursos públicos, además de contribuir a la modernización del Estado, pero hoy, 98 años después de promulgada la Ley 42 de 1923 que la creó, la corrupción ronda 17% del presupuesto nacional, según lo afirma el ocupante de la silla que estrenó don Eugenio Andrade. El colosal tamaño de la cifra indica que el billón de pesos anuales que nos cuesta la CGR no está produciendo el retorno esperado.

La otra cara de la moneda la ofrece Dinamarca (el país menos corrupto del mundo según Transparencia Internacional), que no tiene contraloría. Le basta con su Rigsrevisionen, una institución independiente que además de auditar las cuentas y verificar el cumplimiento de las normas, examina la moderación, austeridad y eficiencia de las entidades del Estado y de las empresas financiadas por el gobierno.

Si comparamos las limitadas ejecutorias de la mayoría de los ocupantes del despacho del Contralor General (que ubican a Colombia en el puesto 92 del ranquin mundial de corrupción) frente a los resultados del país nórdico, todo parece indicar que no le faltaba razón al dictador venezolano Juan Vicente Gómez cuando, haciendo alarde de su malicia indígena −y protegiendo los jugosos réditos personales que obtenía del tesoro nacional− se negó a establecer una contraloría en su feudo con el argumento de que era más barata la corrupción que el mantenimiento de semejante estructura de fiscalización.

Tampoco se equivocaba Eduardo Santos cuando, incrédulo frente al aporte de Mr. Kemmerer, escribió en el diario de su propiedad que “las dolencias económicas y fiscales del país, en grandísima parte, no provienen de falta de ciencia, sino de malos hábitos, de falta de energía para combatir vicios que nadie defiende a la luz pública, pero que se imponen en la sombra.”

Más allá de su inhabilidad para cumplir los objetivos para los que se creó, la Contraloría nos deja un hábito nefasto: el letargo en la administración que va en contravía de su obligación de apalancar la modernización del Estado. Esa colección de obstáculos impide la eficiencia de los funcionarios anclándolos a un asfixiante statu quo y tiene como consecuencia la pasividad perpetua de los burócratas que, al recibir una remuneración a cambio de su inacción, también están apropiándose indebidamente de los recursos estatales.

Aunque existe la disculpa de la camisa de fuerza que no permite a los funcionarios hacer nada diferente de lo que la ley les permite, las ineficaces actuaciones de la CGR impiden la innovación, la creatividad y el desarrollo de modelos ágiles de administración pública, sin cumplir tampoco con su obligación de combatir la corrupción. En pocas palabras, ni raja ni presta el hacha.