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Analistas 26/01/2022

Influencias & Contratos Inc.

Héctor Francisco Torres
Gerente General LHH
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Juan Ruíz, el arcipreste de Hita, escribió su Libro del Buen Amor hace poco menos de siete siglos. Esta obra, considerada una de las más representativas de la literatura castellana, invita a la reflexión sobre una diversidad de asuntos que aún hoy mantienen plena vigencia. El apego al dinero que lleva a las personas a modificar comportamientos, a cambiar principios, a mentir sin reparos y a sacrificar valores es uno de los temas que el clérigo retrata con magistral atemporalidad y que se sintetiza en una de sus coplas: “En suma te lo digo, tómalo tú mejor: el dinero, del mundo es gran revolvedor; señor hace del siervo, del señor servidor; toda cosa del siglo se hace por su amor.”

Estos versos bien podrían haber sido escritos la semana pasada cuando las cuestionables prácticas de Andrés Mayorquín fueron divulgadas. El entonces asesor de la jefe de gabinete presidencial, con una eficiencia poco común en las actuaciones de los servidores públicos, logró que su pareja, Karen Liseth Váquiro, resultara beneficiaria de más de una veintena de contratos con entidades del Estado para estudiar y analizar los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República. La suma comprometida supera mil doscientos millones de pesos.

Además de la evidente redundancia de las actividades pactadas (se supone que esas mismas tareas deben ser adelantadas por los departamentos jurídicos de las entidades contratantes), de la carencia de credenciales de la contratista y de la cuantía de los convenios, las explicaciones dadas por la pujante pareja resultan poco creíbles. Hablar de inocencia y de desconocimiento para adelgazar el tamaño del entuerto o justificar la cuantía de los contratos argumentando que los ingresos netos de doña Karen eran modestos porque había que cubrir costos y pagar impuestos es, por lo menos, ofensivo.

Confluyen en este nuevo episodio de abuso de poder, algunos elementos que vale la pena resaltar: el interés de la pareja por obtener dinero rápido y fácil sin importar los atajos éticos que para ese propósito tomaron; la ligereza de las entidades contratantes que suscribieron los acuerdos superfluos; la actitud de pretendida sorpresa de altos funcionarios del Estado, sus altisonantes declaraciones rasgándose las vestiduras y la cómoda lavada de manos de algunos de ellos; la ausencia de control de los entes de ídem y, por último, las reactivas instrucciones de la Presidencia de la República para evitar que casos semejantes se repitan.

En una de esas coincidencias que el destino le teje a Colombia para garantizar que seguimos siendo la nación del realismo mágico, de manera casi simultánea con el destape de la dañina actividad del exasesor y su esposa, el presidente Iván Duque sancionó con boato la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que busca acabar con un negocio que le cuesta cincuenta billones de pesos al erario, o por lo menos reducirla a sus justas proporciones, como solía decir el abuelo de uno de los más publicitados aspirantes al Senado.

El propósito de la empresa de Mayorquín y Váquiro, que bien podría llamarse Influencias & Contratos Inc., parece estar inspirado en otra de las coplas del arcipreste: “Ya sea un hombre necio o rudo labrador, los dineros lo hacen hidalgo y sabedor; cuanto más algo tiene, tanto es más de valor: quien no tiene dinero no es de sí señor.”

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