Solución práctica

Colombia es violenta; es necesario corregir esta situación para tener sociedad viable. Ello implica decidir que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza para proveer seguridad a los habitantes. De otra parte, su economía ha tenido cierto orden por décadas pero el desempeño en el último medio siglo ha sido muy inferior a sus posibilidades, por lo cual el país es pobre, desigual e informal.

Se requiere suprimir protecciones no arancelarias para evitar el uso de recursos escasos en subsectores sin perspectiva de mediano plazo, simplificar de manera radical el estatuto tributario con el mismo propósito, facilitar la formalización del trabajo para impulsar la productividad, y articular de manera eficaz gobierno central y regiones para cultivar la iniciativa local para facilitar el aprovechamiento de oportunidades.

Serán necesarias restricciones fiscales, y usar recursos en evitar que aumentos en remesas y en precios de hidrocarburos fortalezcan la moneda de manera transitoria e inhiban el desarrollo de cadenas productivas de bienes y servicios y, con ellas, la diversificación de la canasta exportadora.

El deficiente desempeño exige también revisar procesos básicos de lo público: el propósito de construir el Estado Social de Derecho es acertado pero las reglas de los principales procesos - hacer reglas y juzgar su cumplimiento - son obstáculo para el objetivo. Atender este problema exige redefinir en la Carta normas sobre partidos políticos y sistema electoral.

Hacia adelante se debe arreglar la educación preescolar, básica y media: la pésima calidad limitará el crecimiento de largo plazo. Además se deberá establecer educación continua para toda la población en edad de trabajar, para enfrentar la pérdida de vigencia por cambios tecnológicos antes de la edad de jubilación, subir la edad de retiro al menos a 65 años, igual para mujeres y hombres, para compensar en parte la mayor expectativa de vida, que en todo el mundo va a exceder 80 años pronto, y aumentar de manera gradual pero sostenida la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación: con el aumento del ingreso será necesario orientar la economía hacia sectores cada vez más sofisticados.

Se deben corregir deficiencias en servicios de salud, por razones éticas y de productividad. Ello implica revertir los daños causados por la gestión del gobierno nacional en los últimos años.

Convendría suprimir el régimen presidencial y establecer solución más moderna y menos riesgosa; un buen legislador incluiría este asunto entre sus prioridades, y asumiría responsabilidad por la administración en última instancia. De lo contrario, siempre subordinará su tarea a iniciativas del ejecutivo, con contraprestaciones que desvirtúan la supuesta separación de poderes.

El crecimiento genera recursos fiscales adecuados para atender en forma debida a la población vulnerable y pobre; cuyas necesidades de subsidio se reducen porque en ese contexto el valor del trabajo aumenta de manera considerable. Entre tanto, será preciso mejorar la calidad de la gestión para liberar recursos con carácter urgente, pues el Estado es muy ineficiente y el nivel de la deuda es alto para el estado de desarrollo del país.

Los elementos enunciados pueden ser cimiento de un verdadero acuerdo nacional, con espacio para opiniones políticas diversas. Hay mucho por hacer, y el tiempo es oro.