La epidemia del covid-19 trajo la reducción de la actividad económica en el mundo. Ningún país será ajeno a esta catástrofe. En el caso de Colombia, el déficit fiscal de 2020 puede aproximarse a 8%, contra 2,5% en 2019. Es evidente la necesidad de reducir la evasión y la elusión en general, y de suprimir tratamientos excepcionales a sociedades en algunos subsectores para recaudar más dinero sin perjudicar a quienes pagan tarifas similares a las nominales. Es preciso penalizar la evasión del impuesto a la renta, y combatir los flujos hacia paraísos fiscales. Además se debe reconocer que los tratamientos impositivos preferenciales no inducen inversión, abandonar la confianza inversionista como propósito, cuando debe ser más bien consecuencia de tener buenas instituciones legislativas y judiciales, y establecer esquemas tributarios con tarifas para sociedades comerciales similares a los vigentes en otros países.

Por lo pronto, se habla de reforma tributaria estructural, con simplificación de reglas, supresión de excepciones y, como consecuencia, tarifa plana para todas las empresas y tarifa creciente y efectiva en función de los ingresos para personas naturales. Hay muchos intereses en juego, y los procesos públicos están diseñados para inducir deformaciones en los proyectos de ley durante su trámite en el Congreso. Para mitigar este riesgo, el gobierno debería diseñar una estrategia de comunicación efectiva de su propuesta dirigida al pueblo, en el cual radica la soberanía según la Constitución.

Sin embargo, la evidente ineficiencia del Estado y la corrupción perceptible pueden alimentar el escepticismo frente al proyecto de ley. Es preciso reconocer que llegó la hora de revisar de manera ordenada todo lo público. Urge arreglar la Constitución en lo concerniente a procesos y estructura, que riñen con los propósitos. Hay que revisar cómo debe formarse el legislador, para que la tarea más importante, hacer las leyes, quede en manos de personas idóneas.

El mundo hoy es demasiado complejo para el esquema actual, sin verdaderos partidos, sin políticas de Estado, con una absurda cámara de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental pese a que los departamentos mismos son disfuncionales, y con la tarea de financiar campañas en cabeza de los aspirantes para después reembolsar a quienes tengan éxito en el proceso de mercadeo. En cuanto a la justicia, nunca habrá congruencia mientras subsistan la estructura caótica, el atraso tecnológico, la cultura decimonónica de procesos ineficientes y sentencias extensas e imprecisas, y la falta de independencia de la rama judicial frente a la política.

La Administración, por supuesto, también requiere ajustes de fondo, para articular lo nacional con lo regional, y este con lo municipal; se necesitan medidas drásticas para mejorar la calidad de la educación; además hay que lograr el monopolio del poder coercitivo en manos del Estado en todo el territorio, pues hoy ni siquiera se ejerce en las barriadas de las ciudades, y mucho menos en la periferia. Fuentes y usos tienen igual importancia, pues un Estado eficiente puede ser impulsor de crecimiento económico y disminución de la desigualdad. La evidencia del fracaso del Estado es el hecho vergonzoso de que la distribución del ingreso sea similar antes y después de impuestos y subsidios. Convivir con lo existente es ruinoso, y es fácil arreglarlo.