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Sentencia importante

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Gustavo Moreno Montalvo Consultor independiente

Colombia no tiene sentido de estética colectiva: cada quien construye como le parezca, sin tener en cuenta el contexto. Tampoco hay respeto por la seguridad, salubridad y tranquilidad de los demás: se hace mugre en el espacio público y se invade; además la ciudadanía pone música a todo volumen, sin pensar en los vecinos. Hay, sin embargo, luces de esperanza: el Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunció hace unos días sobre una Acción Popular impulsada por el abogado Eduardo Amarís para defender el patrimonio histórico y cultural de la humanidad que representa el casco urbano de Mompox, en Bolívar, donde Telecom en su momento instaló una antena en todo el corazón del pueblo.

Como se sabe, Telecom le cedió sus activos, pasivos y contratos a un patrimonio autónomo del cual se beneficiaría por el derecho de uso Colombia Telecomunicaciones, para facilitar su capitalización por un inversionista estratégico en 2006, y la Nación asumió contingencias, por lo cual ha sido preciso que ella haga aportes de capital adicionales por montos enormes, sin ninguna expectativa de rédito. El accionista mayoritario, Telefónica, firma española con presencia en América Latina, no fue capaz de impulsar la marca Movistar con eficacia y tiene un papel muy menor en el mercado de telefonía móvil celular, detrás de Claro, del Grupo Slim; incluso en algunos años ha habido pérdidas importantes, de las cuales participa la Nación como consecuencia de la fusión ulterior en 2012, en virtud de la cual su participación quedó en 30% de un negocio sin perspectiva clara.

Lo cierto es que, en la práctica, Colombia Comunicaciones heredó el negocio y no quiso asumir sus consecuencias en Mompox. Es apenas natural que la sentencia le ordene sacar la antena del centro histórico del pueblo, y que la tarea de la remoción física esté a cargo del patrimonio autónomo cuyo vocero es Fiduciaria Agraria, filial del Banco Agrario, entidad oficial. La sentencia será referente necesario para que otras comunidades con valor patrimonial defiendan sus historias y su estética, pero Mompox, como los demás sitios de valor histórico y cultural del país, tiene otras amenazas serias. Así, la sostenibilidad ambiental de la isla Margarita, en la cual está situado el pueblo, en la desembocadura del Cauca y el San Jorge al Magdalena, está amenazada por la codicia de terratenientes ávidos de extender sus predios mediante la desecación de pantanos, con consecuencias trágicas para los peces, los galápagos y los patos, entre muchas especies vulnerables.

Las autoridades de diversos órdenes no tienen clara cuál es la competencia de cada una, y todas asumen que la responsabilidad es de otra. Si esta es la situación en una población con connotaciones turísticas que mueven la economía local de manera significativa y se traducen en divulgación en medios de comunicación, cualquier cosa puede ocurrir en el territorio colombiano sin que las instancias nacional, departamental y municipal asuman su responsabilidad. La Ley 99 ha sido muy negativa para la gestión ambiental efectiva, y requiere revisión urgente. Quizá se necesite otra acción popular en Mompox para alertar al país sobre la gravedad de las consecuencias del mal diseño institucional de lo público, que diluye responsabilidades, pero la supresión del incentivo a quien la interponga reduce la probabilidad de que la iniciativa se materialice.

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