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La diferencia en primera vuelta entre Abelardo De la Espriella, aspirante independiente, e Iván Cepeda, candidato del gobierno, fue modesta. La diferencia entre ellos en visión de país es marcada: el primero ofrece condiciones propicias para la inversión privada y gestión pública eficaz, en tanto que el segundo ofrece mejores condiciones para los menos favorecidos, con apoyo en más impuestos. El escenario es complejo: el presidente G. Petro está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que su movimiento político permanezca en el poder, y tiene el respaldo de una proporción importante del universo de votantes, pese a la pésima gestión, porque las medidas populistas han sido efectivas para consolidar su causa en la base de la pirámide.
Los 300.000 empleos improductivos que aumentaron el total del gobierno central en 30%, el aumento del salario mínimo, que se reflejará en inflación y en mayor informalidad, el aumento de remuneración a la base de las fuerzas armadas -cerca de 30% en 2023 y 23% en 2026- y los aumentos en los subsidios a madres solteras cabeza de familia y ancianos sin expectativa pensional han llevado a muchos colombianos a calificar bien la gestión. El gasto desbordado en usos discutibles se refleja en elevado nivel de deuda como proporción del PIB. La moneda se ha fortalecido porque la guerra en Ucrania ha mantenido por encima de lo normal el precio del petróleo, primer producto de exportación y fuente de regalías para el gobierno central, durante los cuatro años, y porque las remesas han aumentado del orden de 40%, impulsadas por la emigración de alrededor de 3 millones de personas desde 2022, en busca de mejores oportunidades, con impacto directo en el consumo y, por ende, en el ingreso nacional.
Los regímenes presidenciales promueven foco en la personalidad de los aspirantes y discontinuidad en estrategias. El único país desarrollado con este sistema político es EE.UU., que inspiró a Latinoamérica. Preocupa la precariedad de la democracia colombiana: no hay partidos verdaderos y las reglas sobre financiación de campañas suelen comprometer la independencia de los aspirantes. A. De la Espriella, millonario de gestión eficaz en la conducción de su movimiento, ha aportado de su bolsillo como asunto excepcional todos los recursos requeridos, con expectativa de reembolso. I. Cepeda ha contado con el apoyo directo y explícito del gobierno.
La participación de los ciudadanos en Colombia se centra en el derecho al voto, que solo poco más de la mitad ejerce, pese a la importancia de lo que está en juego. No hay, pues, actividad del grueso de los habitantes relacionada con decisiones que afectan al barrio, la localidad, la ciudad o la región.
La democracia liberal, fundada en el respeto por los derechos individuales y la solidaridad como cimiento de garantías sociales para todos, es tesoro que conviene preservar y puede perderse: solo cobija a un tercio de la población mundial. El sesgo de I. Cepeda podría desembocar en sistema político con gran participación del Estado en la propiedad y escasa tolerancia al disenso. En contraste, la campaña de A. De la Espriella está fundamentada en que solo permanecería 4 años, buscaría atender las necesidades de la población con apoyo en el crecimiento económico y la buena gestión estatal, y cumpliría la Constitución y la ley.
El país decidirá su futuro en la segunda vuelta.
Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a la Constitución
No obstante, hay 1,6 millones de votos de Paloma, 1 millón de Sergio Fajardo, 200.000 de Claudia López y 200.000 de Santiago Botero, los cuales determinarán la suerte de las elecciones