Salvar la patria

Colombia ha ofrecido espacio a los técnicos en las decisiones políticas a lo largo de muchas décadas. Los resultados en estabilidad fiscal y monetaria son reconocidos, pero los logros en bienestar son discutibles.

El PIB per cápita en dólares corrientes es bajo, menos de la mitad del correspondiente ajustado por poder adquisitivo, lo cual apunta a que el valor del trabajo es bajo en comparación con los países desarrollados. Casi 40% de la población es vulnerable, y casi otro tercio es pobre. Las diferencias entre departamentos en ingreso por habitante son abismales: el de Nariño es 40% del promedio nacional, y el de Chocó un tercio, en tanto que el de Bogotá excede el promedio en 50%. Las cadenas productivas tienen protecciones no arancelarias con efectos superiores a los de las protecciones antes de la apertura comercial de 1990.

El rápido crecimiento económico desde 2006 hasta 2014 fue impulsado por el petróleo, hoy todavía del orden de 40% de las exportaciones, sin ser país petrolero. El precio cayó y va a caer más, y el crecimiento también. El estatuto tributario es grosísimo, con tratamientos discriminatorios a favor y en contra de subsectores específicos. Las reglas laborales inhiben la formalización del trabajo, lo cual es obstáculo para rescatar la productividad e impulsar el crecimiento.

Alrededor de 500 municipios, con dos tercios del territorio, están bajo control de grupos armados ilegales. La tasa de homicidios es 25 por 100.000 habitantes por año, muy alta en el mundo hoy. El perfil personal y profesional de los legisladores y su conducta como cuerpo demuestran lo inadecuado de la institucionalidad, sin verdaderos partidos políticos ni mecanismos adecuados para financiar campañas. La dimensión política para la conformación de la Corte Constitucional, uno de los logros importantes de la reforma de 1991, puede perturbar la justicia. La ausencia de control interno promueve corrupción, desperdicio e impunidad.

Las instituciones públicas son parte central de los problemas nacionales, pero hay otros asuntos relevantes: la deficiente educación pública básica y media y la visión estrecha de élites privadas y públicas limitan el progreso. Se necesita crecimiento económico rápido y sostenido para lograr las mejoras sociales que la realidad exige.

El triunfo del Gobierno actual fue consecuencia de las realidades anotadas. Su pésima gestión destruyó el sistema de servicios de salud, aceptable para el nivel de ingreso del país; fue dinamitado por el sesgo estatista del Pacto Histórico, y no hubo defensa eficaz. Además, sembró las semillas de empobrecimiento general en el futuro cercano, a menos que haya cambios de fondo en muchos frentes, muy diferentes de los propuestos por el Pacto Histórico y sus aliados. Existe, además, riesgo de que quienes gobiernan se tomen el Estado por asalto desde la administración, con 35% de respaldo en la opinión, y control sobre la fuerza. Pueden invocar el desorden como criterio para legitimar el desconocimiento de la precaria democracia criolla.

No basta criticar: hay que mostrarle al país caminos para salir del atolladero actual con soluciones precisas. Solo así se podrá dar firmeza a la expectativa de elecciones libres en 2026. Se requieren imaginación, audacia y método, y recursos para comunicar y persuadir, y para controlar la gestión del registro en elecciones. Es preciso salvar la patria.