Salud y Estado

Estar saludable es condición relativa: el organismo evoluciona con el paso del tiempo y su entorno está sometido a cambios. Los seres vivos interactúan mediante conflicto y cooperación, en equilibrio inestable y desequilibrios marcados en ciertos momentos, algunos con potencial letal. Los humanos hemos trascendido la magia, primer medio contra la adversidad, y transformado la medicina en ciencia y tecnología.

En el último siglo se ha entendido la naturaleza solidaria de los servicios públicos de salud, que deben ser de cobertura universal. El establecido en Colombia desde 1994, con el auspicio de A. Montenegro y aportes decisivos de J. L. Londoño, U. Ayala y otras mentes lúcidas, ofrece protección en la práctica para todos los riesgos en enfermedad general y maternidad. Se fundamenta en la tarea de promover y prevenir, a cargo de entidades también con la tarea de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos en la prestación de servicios.

Para ello invierten en red de atención básica, sistemas de información y control, y demás elementos necesarios para poner el servicio en marcha. Compiten por afiliaciones con estrategias para proveer servicios, en especial el acceso a instituciones prestadoras de mediana y alta complejidad. Se entiende que el asegurador es el Estado.
Si bien el país dio gran salto en cobertura y calidad en 3 décadas, hay todavía mucho espacio para mejora. Cabe uniformizar herramientas y reglas para registrar historias clínicas, impulsar la telemedicina para mejorar productividad y servicio, promover la formación de especialistas para atender necesidades detectadas, desmontar la absurda diferenciación entre entidades financiadas por régimen contributivo y régimen subsidiado, y prohibir la integración vertical, directa o indirecta, hacia alta complejidad.

De especial importancia es la tarea, a cargo de la Superintendencia, de establecer estándares técnicos, administrativos y financieros adecuados para las entidades: las simulaciones previas a la implantación preveían entre 7 y 10 entidades con el patrimonio adecuado para hacer las inversiones necesarias.

Las reglas deben fijar incentivos para el rendimiento sobre la inversión si la promoción y prevención son efectivas, y si la atención por instituciones prestadoras se define y ejecuta de manera acertada. Todo ello exige buenos sistemas de control. La estrategia funciona en los ámbitos urbanos, que comprenden cuatro quintos de la población total; los rurales, por la baja densidad poblacional exigen subsidio a la oferta; cabría la competencia mediante procesos licitatorios.

Las propuestas del gobierno no resuelven los problemas existentes; más bien los agudizan: la gestión estatal centralizada de la información y las decisiones sería catastrófica. La visita domiciliaria de los médicos a las familias no tendría sentido porque la atención básica hoy se fundamenta en tecnología de limitada transportabilidad.

Suprimir las entidades promotoras con el pretexto de ahorrar su utilidad, parte de la cual financiará inversión, en vez de hacer las tareas enunciadas, es equivocado. Hacia adelante se requerirá cada día más dinero para la salud, por el envejecimiento de la población y el costo creciente de tecnologías más sofisticadas; será necesaria más insistencia en el cuidado del cuerpo, regla ética propia de sistemas solidarios. Esa educación es crucial. Se deben tener prioridades claras.