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Analistas 05/11/2022

Guerra en Colombia

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

Desde hace medio siglo Colombia vive la guerra de la coca. El Estado, siempre ausente en la periferia del país y ordenado con criterio centralista desde finales del siglo 19, y la excepcional ubicación para llegar a los mercados de Norteamérica, motivaron el auge de carteles nacionales para la exportación y la distribución en EE.UU. El negocio sostuvo a grupos insurgentes nacidos en los años 60 del siglo pasado, para los cuales la coca fue fuente de subsistencia sin renunciar a la calidad de guerrillas con discurso de país rural, pese a que el país se transformó en urbano en proceso rápido en los 25 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

La desmesura de los narcos criollos obligó al Estado a combatirlos sin cuartel con apoyo de EE.UU., país cuya guerra contra las drogas desde 1971 incluía la prohibición de la cocaína y la heroína, en contraste con la laxitud hacia los opioides producidos por la industria farmacéutica mundial. La sustitución de la mafia colombiana por carteles mexicanos para la distribución en EE.UU. fue impulsada por la derrota de Pablo Escobar, el cartel de Cali y otros grupos delictivos, pero también por la derrota del Partido Revolucionario Institucional en México (1998): hasta entonces las mafias habían convivido en contubernio con dirigentes políticos locales del PRI en ciertas regiones de su país sin incurrir en indiscreción que pudiera obligar a combatirlos. La victoria de V. Fox en la elección presidencial y la erosión del poder del PRI motivaron a los directivos de las mafias mexicanas a crecer hasta controlar el negocio en las ciudades americanas, en alianza con mafiosos rusos, con capacidad para lavar activos y reexportar cocaína a Europa. Colombia es la fuente principal para atender mercados en Norteamérica y Europa.

El gobierno de A. Uribe convino la extradición con líderes paramilitares vinculados al negocio e impulsó la destrucción de laboratorios y el control de litorales y fronteras con cierto éxito. La negociación con las Farc bajo J.M. Santos logró desmovilizar al más numeroso y ordenado ejército enemigo, pero no se ocupó el espacio desalojado por ese grupo; el área sembrada aumentó, quizá en respuesta a precios crecientes en ámbitos internacionales. Cabe recordar que los municipios controlados por la insurgencia excedían 240, de los cuales solo cerca de 90 eran coqueros: el costo de mantener el desorden se redujo, y se abrió la oportunidad de participar en el negocio a otros aspirantes. El país se enfrascó en discusiones sobre erradicación, en vez de persistir en estrategias efectivas, y no abordó el asunto con imaginación.

Hoy se requiere conjugar audacia y método. Se ha propuesto una misión interdisciplinaria de reconocidos académicos americanos de centro derecha para estudiar costo y beneficio de la prohibición en su país y en el resto de la cadena, en contraste con abordar la adicción como problema de salud; además se deben estudiar los argumentos que llevaron al Estado de Oregon a legalizar el consumo recreativo de cocaína. Hay indicios de declive en la demanda internacional de cocaína que podrían facilitar los resultados deseados. Se debe ocupar el territorio y promover la agricultura donde sea pertinente, con paquete tecnológico, infraestructura, promoción de canales cooperativos para proveer maquinaria y comercializar, y servicios de seguridad, justicia, salud y educación. Ese camino es el adecuado.

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