Delitos y penas

Las normas constitutivas de lo público son la base de los ordenamientos institucionales de las sociedades. Las democracias liberales asignan mucha importancia a las normas que consagran derechos fundamentales.

El modelo es la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948), fruto de esfuerzos por evitar la recurrencia de ideologías que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, con todos sus horrores; la Unión Soviética, aliado de Gran Bretaña, Francia y EE.UU. en el conflicto, no asumió compromiso con los derechos humanos; adujo que el tema era asunto era propio de cada país.

Los derechos humanos son propósitos; requieren complemento que establezca limitaciones a conductas. Hay muchas no punibles, pero inconvenientes, desde lo censurable en la mesa en cada cultura hasta el ruido tolerable, pero incómodo. En el ámbito legal hay contravenciones, conductas que violan norma positiva, pero no tienen sanción penal: la administración recauda la multa o impone la restricción del caso.

Las normas penales, producto de miles de años de convivencia, implican restricciones serias. No son, pues, simples pautas de conducta para personas e instituciones. Se ordenan en listas de conductas prohibidas tipificadas, conminadas con pena, establecidas en sentencia emitida por institución judicial independiente del legislador.

En principio, la pena debería estar asociada a pérdida de libertad. En el derecho clásico occidental solo las personas naturales eran sujeto de posible sanción. Además, se presumía inocencia en todos los casos; por ende, la condena era respaldada por prueba de acción culpable; hoy cabe delito objetivo, sin exoneración por falta de intención, en casos como el impago de impuestos recaudados para los bancos y sus administradores.

Los delitos son conductas desviadas. Sus autores deben hacer introspección y propósito de enmienda, compensar el mal infligido a otros, y prepararse para su vinculación ulterior a la sociedad como personas dignas de participar en sociedad. Por ende, la pena tener ámbito adecuado para lograr estos propósitos. Establecer un sistema carcelario eficaz es indispensable porque se debe ofrecer de manera completa la posibilidad de sancionar y corregir.

Existen delitos políticos; sería equivocado suprimirlos. No tratar la rebelión, la sedición o la asonada sin considerar contexto equivaldría a rechazar la posibilidad de que un individuo tenga desacuerdo radical con el marco institucional del ámbito en que habita, sobre todo si la restricción institucional a la expresión de inconformidad es marcada.

Los códigos no deben ser rígidos: deben revisarse en forma periódica, ordenada y sistemática. El mundo cambia; con él cambian el entendimiento de conductas desviadas y las herramientas para detectar, evaluar y corregir. De allí, la importancia de buenos procesos para conformar el legislador. Es natural la tentación de ajustar los códigos penales para obtener votos por endurecer sanción a un delito muy repugnante, pero es inconveniente: se debe tomar en consideración el conjunto completo de conductas delictuales para hacer cualquier cambio.

La convivencia armónica no se logra solo con justicia efectiva. Construir sistemas penales acertados es un gran reto para las sociedades, pero educarlas para sujetar las conductas a valores de respeto y solidaridad es aún más importante para el mejoramiento continuo de la vida de todos.