Coherencia en políticas

Las políticas públicas deben ser coherentes: sus procesos deben engranar en forma adecuada para asegurar el uso eficiente de recursos escasos y lograr los resultados deseados. El estado debe atender el gasto básico de funcionamiento, que incluye servicios de legislador y justicia, seguridad, salud, educación y protección a estamentos muy vulnerables. La administración debe estudiar en forma sistemática los procesos de todas las ramas del poder público, proponer ajustes en los procesos del legislador y la justicia, y ajustar los procesos propios y su estructura. La eficiencia logra mejores resultados y libera recursos para inversión pública.

El gasto discrecional exige evaluación con métodos uniformes para establecer costo y beneficio. La inversión se debe escoger tras evaluar un conjunto amplio de oportunidades y ordenarlas, con reglas inteligentes para establecer prioridades: los efectos deben ser sostenibles desde la perspectiva económica, social y ambiental, así sean graduales. La tasa de descuento es importante: si es alta porque el nivel esperado de deuda es elevado, impulsará proyectos de beneficio rápido, así no tengan el mismo impacto a perpetuidad que otros con foco en horizonte de largo plazo.

Se debe impulsar el crecimiento económico rápido y sostenido para reducir el desempleo y la informalidad, y tener recursos para atender propósitos sociales con criterio acertada. Es muy conveniente la independencia del Banco de la República, cuya misión es proteger el poder adquisitivo de la moneda, pero debe asegurarse adecuada coordinación entre lo fiscal y lo monetario, pero no mediante la participación del gobierno en la junta, como establece la Constitución, sino a través de mecanismos formales establecidos por ley especial. Conviene comunicación directa entre las Comisiones de las dos Cámaras, de una parte, y administración y Banco, de la otra.

Las normas tributarias deben ser muy simples; la sobriedad en lo sustantivo facilita la gestión procesal. Las laborales deben impulsar la productividad, para lograr crecimiento y aumento en el valor del trabajo.

Colombia es centralista; la Constitución de 1991 no cuestionó este elemento, ni el régimen presidencial marcado, con exceso de autoridad y responsabilidad en una persona. La articulación entre gobierno central y regiones, y entre lo público y lo privado en las regiones, donde están las oportunidades, no es fluida. Las reglas sobre partidos y campañas promueven la corrupción y el desperdicio: son obstáculo para el desarrollo.

El nuevo escenario, con sociedad urbana y letrada, insatisfecha con las limitadas oportunidades que el país ofrece, pide imaginación, método y audacia en la gestión, y cultivo de la ética para asegurar respeto y solidaridad, valores básicos de la democracia liberal.

El mundo ha cambiado. El estado debe ofrecer educación pública de calidad para todos, desde el nacimiento hasta la jubilación, para mitigar riesgos de fracturas sociales inducidas por la automatización. Los efectos nocivos en el ambiente obligan a buscar soluciones sin sacrificar bienestar. El aumento en la expectativa de vida hasta mucho más allá del fin de la vida laboral exige capitalizar sumas enormes y administrarlas con eficacia. Toda la especie humana debe atender estos retos con mejor desempeño y, por ende, con mejores instituciones públicas y privadas. Colombia debe comenzar tarea.