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‘Roscograma’ cafetero

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La administración del Fondo Nacional del Café entregada a la Federación Nacional de Cafeteros no solo exige la legitimidad democrática, sino el cumplimiento de las más estrictas normas del código disciplinario del servidor público, que garanticen el principio de transparencia en todas las actuaciones. 

Por esta razón, el contrato de administración que suscribe el gremio con la Nación, obliga a los administradores y miembros de los comités de cafeteros a cumplirlo, y al mismo tiempo, ofrecer la garantía a los aportantes, los cafeteros de Colombia y el Gobierno Nacional – corresponsable de la administración – por la naturaleza parafiscal que genera la condición de recursos públicos al Fondo Nacional del Café.

Se da por seguro que Caldas, a través de los delegados al Congreso Cafetero, postulará a Eugenio Vélez Uribe como su representante ante el Comité Directivo y Nacional, sin tener en cuenta que éste es primo hermano del Director Ejecutivo del Comité Departamental, Alfonso Ángel Uribe, el órgano competente para esta nominación. 

En el ejercicio de sus funciones al miembro del comité nacional le correspondería aprobar el presupuesto que debe ejecutar su primo hermano en la región, con los recursos públicos del Fondo Nacional del Café. A la luz de las normas no hay duda que iría en contra de todos los principios éticos y de transparencia, cuando todas las reglas contemplan un conflicto de interés, absolutamente incompatible para con los parientes hasta el cuarto de consanguinidad.

Adicionalmente, el consejo de administración de la Cooperativa de Caficultores de Manizales – de las más grandes del País – lo preside otro primo hermano de Vélez Uribe y, hermano de Ángel Uribe, el Director Ejecutivo del comité departamental. La cooperativa ejerce la garantía de compra, una de las funciones más Importantes del Fondo Nacional del Café, que contrata con las cooperativas y, cuando es menester, les entrega los recursos públicos para adquirir la cosecha, con el aval que expediría con su patrimonio privado, el Comité de Caldas, dirigido por su hermano. 

Finalmente la administración estos recursos son responsabilidad del Comité nacional de Cafeteros y del Comité Directivo de la Federación, en la que tomaría las decisiones Vélez Uribe. Todo este “roscograma” que dirige la política cafetera en Caldas debe ser eliminado y con un sano criterio solo debe ejercer uno de los tres primos para evitar suspicacias, máxime cuando se trata del manejo de una política pública.

Los cafeteros de Caldas deberían reflexionar sobre la conveniencia de esta postulación,  teniendo en cuenta que muchos otros dirigentes pueden ejercer esta función, evitando este acto de nepotismo. Sería lamentable que en un departamento distinguido históricamente como una cantera de líderes cafeteros, no encuentre quien pueda ejercer esta responsabilidad. No se deben elegir familiares de funcionarios, ni nombrar en la administración parientes de los elegidos.

Los gremios de la producción como catalizadores de los intereses privados en la búsqueda del interés general deben ser los que primero que apliquen los principios del buen gobierno, que les otorga la autoridad para criticar frente a situaciones que suceden en el manejo de lo público. Más aún, en el caso de un gremio que por su condición histórica ha sido cogestor de políticas públicas.

El Gobierno Nacional debe exigir a la administración un estricto cumplimiento de las normas públicas y códigos de ética, especialmente cuando se refiere a la gestión de recursos de esta naturaleza, y siempre deben estar por encima de interpretaciones que puedan darse al estatuto privado.

De la misma manera los delegados deben estar informados por la revisaría fiscal, de todas las situaciones de esta naturaleza que existan en el Gremio antes de proceder a elegir, en el próximo  Congreso Cafetero, a los miembros del Comité Directivo y Nacional, potestad que no se puede delegar.

La legitimidad se consigue con el ejemplo frente a todas las instancias de la organización, y garantizando al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a los organismos de control que las decisiones se adoptan sin acudir a régimen de excepción.

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