El gobernador de Caldas en cumplimiento de una promesa de campaña está tratando de llevar a feliz término la construcción de un beneficiadero de café, a gran escala, con una inversión superior a $5.000 millones. El tema, que aparece circunscrito a un municipio, vale la pena analizarlo, por lo absurdo y por la forma en que se puede ir generalizando por todo el país, porque las malas ideas cunden con mucha facilidad.

En primer lugar, en la zona cafetera central, tradicionalmente con fincas de gran tamaño están plagadas de instalaciones en donde se recibe el café en cereza y mediante un proceso sencillo se pela, se quita el mucílago y se seca hasta dejarlo en pergamino, que es la forma en que se comercializa. Una de las razones de la proliferación de estos beneficiaderos es la ineficiencia de transportar café en cereza, dado que después del proceso descrito para convertirlo en pergamino, pesa solo 20 %.

Sin embargo, las nuevas normas ambientales que obligan a tratar las aguas residuales y a pagar la tasa retributiva por los vertimientos que se entregan a las quebradas, ha llevado a los grandes productores a presionar -en este caso al candidato en su campaña- para que, por cuenta de la comunidad y con recursos que se pueden destinar a los más necesitados, se dé solución a un problema de grandes caficultores, que debería ser de su responsabilidad empresarial.

En segundo lugar, Cenicafé, hace varios años entregó la tecnología del módulo Becolsub®, un equipo para el beneficio del café que reduce en 95% el consumo de agua; por tanto, este problema que le quedaría por resolver a los grandes productores si adoptan la tecnología, ahora quieren trasladárselo a la sociedad, poniéndola a pagar la construcción de una central de beneficio, y con la suerte de encontrar gobernantes con interés de complacer a los grandes cafeteros. El señor feudal ordena y domina al gobernante.

Este proceso -que ya existe en otros municipios-, es un negocio como cualquier otro en la cadena del café, que se ha promovido con recursos del sector privado. Por ejemplo, en el suroeste de Antioquia dos empresas privadas, asociadas con ánimo de lucro, como es lo debido -Colcafé y una de las cooperativas de caficultores-, construyeron una central con la más moderna tecnología. Mientras tanto, en Chinchiná y Palestina, han comprometido al gobernador para que les construya una planta, que sólo beneficiará estos municipios y a los más grandes productores.

Es inadmisible que una obligación de los empresarios del café se la trasladen al Estado; dará pie para que toda la industria colombiana, que debe cumplir las mismas normas, con todo derecho reclame a los gobiernos nacional, departamental y municipal para que, por cuenta de los contribuyentes, se les construya su propia planta de tratamiento de aguas residuales.

Finalmente, reclamo igual pueden hacer los negocios de compra de café en cereza, quienes van a tener un competidor absolutamente subsidiado por el Estado. Inclusive, dudo sobre la legalidad de esta inversión de recursos públicos.

Un gremio en plena bonanza como el de los cafeteros, así como el Fondo del Café, debería tener consideración con el Estado y la sociedad, que tanto les ha ayudado en los últimos años.