Para el sector cafetero y para el sector rural en general las cajas de compensación son una entidad desconocida, por cuanto su alto costo de aportes es considerado por los empresarios rurales uno de los obstáculos para la formalización laboral en el campo.

Recuerdo el esfuerzo del gobierno Santos por desmontar los para fiscales, siguiendo recomendaciones de estudios económicos serios, de gremios y técnicos, que argumentan es el mayor obstáculo a la formalización laboral.

Se demostró con la eliminación del aporte de 2% Icbf, de 2% al Sena y de 8% a la salud por parte del patrono, que la contratación laboral formal, aumentó de 48% a 53% del personal ocupado.

Desafortunadamente no se pudo tocar 4% de las cajas, que utilizaron al máximo su fuerza parlamentaria, que les devolvió favores derrotando al gobierno en esta iniciativa. A pesar de que en su asamblea solo votan los aportantes, y que sus juntas están conformadas por empresarios y gremios, el poder de los directores es tan grande, que lucharon con su enorme burocracia para que no les tocaran su ingreso, mientras el estado hacía el gran sacrificio. El mundo al revés.

Pero mucho más grave es el lánguido papel de estas instituciones en plena crisis de empleo ocasionada por la pandemia, cuando los trabajadores afiliados y las empresas que hacen los cuantiosos aportes, esperarían una reciprocidad.

Recaudan más de $7 billones, cerca del casi 1% del PIB, por lo tanto, empleadores y trabajadores deberían ponerse de acuerdo para atender a todos y cada uno de los cesantes que habían sido afiliados a las cajas.

Si bien han disminuido los ingresos en 8%, no obstante, el recaudo de abril mayo y junio fue superior a $2 billones, dinero suficiente para atender los problemas de 678.000 vinculados que han perdido su trabajo, de un total de 9.489.361 trabajadores afiliados en el mes de marzo.

Pero lo que demuestra su falta de compromiso con la crisis es que, al 15 de julio solo han atendido 158.898 con auxilio de desempleo, a pesar de 794.209 postulados. Afirman en Asocajas que, con los recursos solo pueden llegar a 200.000 y para casi 600.000 trabajadores no atendidos deben esperar recursos del Gobierno Nacional.

Es la hora para que el Gobierno, con los empleadores aportantes y los trabajadores, decida sin el concurso los administradores del sistema, que llegó la hora de tomar medidas de emergencia, para que reorganicen los presupuestos y destinen el máximo de recursos -que hoy sobran- a atender la crisis de los cesantes que han perdido su empleo formal por la pandemia. Tampoco sobra aprovechar para tomar medidas de fondo, cuando muchos empresarios que con trabajo pagan la nómina no entienden cómo deben girar 4% a las cajas.

Se creó el subsidio por iniciativa de los industriales de Medellín en 1953, de manera voluntaria, y en 1957 la Junta Militar expidió un decreto creando las cajas de compensación a solicitud de la Andi. Diseñado como un instrumento para atender las necesidades de los trabajadores y sus familias, que para las empresas era una engorrosa tarea, en una sociedad paternalista. En 70 años se le han colgado miles de actividades que ya no son necesarias, y otras que nuevas entidades privadas lo hacen de manera más eficiente.