¿Y la SIC qué?

Para muchos la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede parecer una entidad de segundo renglón de importancia en la estructura del estado colombiano y para otros puede no sentirse la necesidad de tener en propiedad un director de esta entidad porque pese a esto, la entidad sigue cumpliendo su función institucional. Con independencia de lo que se pueda pensar y a pesar de que se quiere que pase de agache, es contradictorio que el presidente Petro no haya nombrado superintendente y me explico por qué.

La importancia de la SIC, en un gobierno que quiere ser una sociedad del conocimiento -tal como lo manifestó el presidente Petro en su discurso de posesión- lo es toda. Extraña que casi dos meses desde su posesión no se haya siquiera publicado la convocatoria para que los ciudadanos que se quieran postular para este cargo lo puedan hacer. Desde luego la importancia no se la da el discurso de posesión sino la naturaleza de esta entidad.

Además de las funciones de protección al consumidor en el país, que permite a los ciudadanos hacer valer sus derechos por abusos en el comercio, esta entidad tiene a su cargo la misión de ser el depositario y garante de otorgar derechos de propiedad industrial, como patentes, modelos de utilidad, marcas, entre otros, que son los llamados activos “intangibles” en los que se soportan la mayoría de las investigaciones e innovaciones radicales.

No puede un gobierno que quiera apostarle al crecimiento por medio del conocimiento tener a la entidad sin una cabeza que permita tener clara cuál será la política pública en esta materia. Como lo he dicho muchas veces en este espacio, la única forma que tiene una sociedad para generar crecimiento es sobre la base de la investigación que se materialicen en patentes, las cuales luego se convierten en modelos de negocios que generan empleabilidad, ¡ese es un círculo virtuoso!

Pero no es lo único que hace la SIC. Desde hace más de una década esta entidad se convirtió en la autoridad única de competencia, la cual ha permitido que acuerdos de precios en sectores como los pañales, el azúcar y otros que golpean a los ciudadanos más vulnerables hayan sido desmantelados; así como la gran intervención que hizo en su momento esa entidad en la investigación de Odebrecht, que permitió encontrar pruebas con mucha mayor agilidad que otras entidades con funciones de investigación.

La protección de la competencia leal en el país permite que los consumidores tengan precios justos, producto de la competencia entre las empresas que hacen parte de un sector específico, lo que garantiza el buen funcionamiento de los mercados y el beneficio para los ciudadanos. Además de todo lo anterior, se encuentra la posibilidad de la salvaguarda del patrimonio público en las licitaciones, tal como pasó en el caso de Odebrecht.

No es coherente anunciar con bombos y platillos que se quiere convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento, mientras se deja sin director a la entidad que le permite materializar en derechos el producto de la investigación. Debo reconocer que ver que se han concentrado más energías en lo hilos de las sábanas que se compran, que de una vez por todas definir quién será el nuevo superintendente de Industria y Comercio genera una enorme frustración y como diría mi madre, con eso estamos en mucho tilín tilín y nada de paletas.

PD. La misma suerte tiene la superintendencia de sociedades que tiene importancia por ser el juez natural de las insolvencias y las funciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades nacionales, hasta hoy, nada de nada.