Seguridad jurídica y paz

Desde hace algunos días, y a raíz de la imposibilidad de refrendar los acuerdos por el mecanismo del plebiscito se ha venido generando una discusión sobre la seguridad jurídica de las decisiones que se produzcan por los órganos que se creen en el modelo de justicia al que se someterán los actores del conflicto. Antes del plebiscito, el vicepresidente Germán Vargas Lleras dio una entrevista en la que manifestó la preocupación sobre este aspecto, punto con el que concuerdo. 

Esta semana, el Fiscal General de nuevo puso sobre la mesa el debate de la seguridad jurídica de las decisiones de los actores del conflicto y la necesidad de blindarlas para evitar que el sometimiento a la justicia transicional sea tan solo un saludo a la bandera. Fue muy acertado al afirmar en la misma entrevista que sin justicia no hay paz. 

Es claro y como lo he venido anunciando con mucha frecuencia desde este espacio, no podremos pensar en una paz permanente si el modelo de justicia no funciona, pero el problema radica en que queremos correr, sin antes haber aprendido a caminar. Desde la implementación del modelo de estado colombiano y el establecimiento de la justicia como mecanismo para la solución de controversias de los ciudadanos y hasta el día de hoy, se ha demostrado que la política de estado en esta materia ha sido un completo fracaso y contribuyente al problema del origen del conflicto -la inequidad-, es por esto que es importante poner la lupa sobre la justicia ordinaria antes de la transicional. 

Desde hace tres años nos hemos acostumbrado a por lo menos una vez al año tener la justicia en cese de actividades o como se conoce comúnmente, paro judicial. Estas protestas no obedecen a intereses particulares, son la evidencia de la crisis institucional por la que atraviesa la justicia en Colombia, la poca atención que genera y la ausencia clara de una política de estado. La congestión judicial desde los juzgados promiscuos, pasando por los municipales, circuito y hasta las altas cortes es tenebrosa, se conoce el problema pero no se reconoce como estado. 

La falta de administración de justicia ha permitido que fenómenos de justicia por propia mano abunden en el país y generen un clima de incertidumbre de tal magnitud que escale a los grandes agentes de la economía. La estampida de empresas que se van del país por la inseguridad jurídica y las que dejan de entrar es alarmante, como lo es la imposibilidad de que dure tres años un proceso para poder desalojar a un inquilino que no paga su renta o para cobrar una deuda judicialmente. 

Tal como lo dice el señor Fiscal General: Para una paz duradera debe haber justicia, pero no solo transicional, señor Presidente. Debemos fortalecer la justicia ordinaria, es a esta a la que se van someter quienes se reincorporen a la sociedad y es esta es la que va a regular sus relaciones en caso de conflictos.  No podemos darnos el lujo de dejar desatendidos a los ciudadanos de a pie, quienes son los verdaderos dolientes de la injusticia en la que se convirtió nuestra administración de justicia. Es por eso que debemos aprovechar el debate sobre la seguridad jurídica para que abarque a todos los colombianos y no solo se piense en el corto plazo, es urgente la intervención e inversión que requiere la justicia. Los recursos que se destinen en esta no pueden ser pensados como un gasto, como la infraestructura, la justicia necesita autopistas 4G.  

Por mas que tengamos un modelo perfecto de justicia transicional, si la ordinaria no funciona, será esta quien origine los nuevos conflictos y será el estado Colombiano el determinador de la crisis institucional y cómplice de la muerte de la justicia como institución en nuestro país, siendo políticamente responsables quienes han administrado este país, pero especialmente el actual presidente que tiene una oportunidad de oro de generar la verdadera aplicación de la Constitución de 1991.