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La crisis de la seguridad jurídica

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En un país de TLC, de franca intención de atraer la mayor inversión extrajera posible; es inconcebible cómo un elemento como la seguridad jurídica está en una de las peores de sus crisis. Esto en virtud de la anarquía a la hora de acatar según la conveniencia política o hasta personal de los fallos judiciales, desconociendo el principio del juez natural, entre otros.
 
Esta crisis se ve evidenciada en casos como los de Comcel (Claro) Vs ETB, Isagen Vs el consorcio Miel, integrado por la Alstom Brasil, Kvaener Energy y la constructora Norberto Odebrecht, en donde dichas compañías de forma deliberada, caprichosa y hasta mal intencionada, han decidido sin razones jurídicas de fondo no acatar los fallos de tribunales de arbitramento por considerarlos en contra de sus intereses.
 
Este tipo de actitudes, poco coherentes en empresas regidas bajo supuestos códigos de buen gobierno corporativo, no son tan preocupantes como el acaecido en virtud de las argumentaciones en el caso de la supuesta investigación que se adelantaba en la Contraloría General de la República, siendo investigado el Fiscal General de la Nación. 
 
Es de difícil comprensión y me resulta poco consistente el sustento al recurso de apelación de la tutela interpuesto por el abogado del doctor Montealegre, toda vez que si mal no recuerdo, en el mal llamado “carrusel de las pensiones”, era el mismo Fiscal General quien cuestionaba tanto la idoneidad de la institución como tal, así como de la decisión de archivo tomada por la Comisión de acusaciones, frente a las supuestas irregularidades cometidas por los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. No logro entender si lo que se está buscando es revivir un proceso cuya única forma para que se pueda reabrir, es con pruebas sobrevinientes y no con titulares de prensa; esta postura a mi juicio contraria principios como los de la presunción de inocencia, juez natural, obligatoriedad y el cumplimiento de las decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada.
 
Esa misma Comisión de acusaciones que se cuestionó, es la misma que hoy se alega como juez natural en un proceso por responsabilidad Fiscal. ¿No es un poco contradictoria la posición personal, con la jurídica? ¿No deberían empresas de esta envergadura y jefes de entes de control dar ejemplo de acatamiento a las decisiones judiciales? Parece que no. Se ha querido desde muchos ámbitos llenar de anarquía la justicia, elemento que obra como factor desequilibrante del estado de derecho, siendo todos estos hechos una mala señal en términos de seguridad jurídica. 
 
Es ahora que comprendo la poca confianza de los ciudadanos en nuestra justicia, la misma que debería rodearse de majestad y no de malestar. Este tipo de ejemplos como los que están dando integrantes tan importantes en la economía y de las instituciones del país, no es otra cosa que marcar la hoja de ruta para que retornemos a la época de la autotutela, o mejor conocida como la justicia de propia mano, ojo por ojo y diente por diente.
 
El hecho de no acatar las decisiones judiciales es una clara violación a la Constitución Nacional, por lo que no podemos permitir que la justicia sea el chivo expiatorio para sacar a relucir nuestra temeraria y tendiente cultura de jugar sin reglas, de ir y argumentar según nos convenga; lo primero que se debe tener claro a la hora del debate jurídico es el respeto por la Constitución, de lo contrario no tienen sentido ni las reformas y mucho menos los grandes esfuerzos del Gobierno por atraer inversión que genere empleo y que con ella llegue la prosperidad para todos, como dice el eslogan.
 
No olvidemos que la majestad de la justicia obra en la sociedad como equilibrante de las cargas, y su función esencial de control y cohesión social se está echando por la borda con actitudes o posturas que deslegitiman a los funcionarios u órganos que ejercen dicha función, esencial del Estado de derecho.   
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