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El pasado domingo 19 de noviembre se llevó a cabo la consulta del Partido Liberal, que buscaba someter a decisión de sus partidarios y todos aquellos que quisieran participar (pues fue abierta) quién, entre dos candidatos, era el elegido para representar a ese partido como candidato único en las elecciones presidenciales de 2018. Mucha controversia se ha generado por el costo de la consulta, a tal punto que los medios de comunicación se preocuparon más por darles cubrimiento a las cifras que a las propuestas. Copartidarios como el senador Juan Manuel Galán se opusieron rotundamente (a pesar de que su padre fue quien introdujo este modelo en el país) y la indignación del presentador de televisión Jota Mario Valencia, cuyo “discurso” han hecho viral, se despertó sin que siquiera se informara acerca de la importancia de este tipo de mecanismos.
Como muy bien lo reseña Yann Basset (director del Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario) en un artículo del portal Razón Pública, esta figura es tradicional y esencial en el sistema democrático de los Estados Unidos, que ha demostrado permitirles a los ciudadanos y los partidarios intervenir en la decisión de quién los va a representar en las elecciones definitivas. Coincido con Basset en que es inimaginable pensar que en ese país los medios de comunicación se dedicaran a registrar los costos de las primarias más que las propuestas o los debates en torno a la elección de un candidato de un partido tradicional.
Pues bien, esta es Colombia. La gran importancia de este tipo de mecanismos -más cuando es una consulta abierta- es la incidencia que puede tener la capacidad de los ciudadanos para participar directamente en la selección de un candidato, entre uno y otro perfil, para que se presente a las elecciones presidenciales. Es la manifestación pura del ejercicio democrático por intermedio del voto, que, como cualquier derecho, tiene unos alcances económicos. ¿O los puristas creen que el proceso de recolección de firmas no tiene costo para el erario? Todos los derechos, sin excepción, tienen costo para garantizar el ejercicio: es lo que se conoce con el nombre de derecho constitucional económico.
Expreso mi absoluto rechazo ante la demostrada ignorancia del presentador Jota Mario Valencia y su indignación, que no es otra cosa que la demagogia en su mayor esplendor, pues la gran “queja” es que se haya gastado $40.000 millones en escoger un candidato, mientras (como es obvio) hay en Colombia carencia de servicios públicos, deficiencias en la salud, desigualdad, etc. Señor Jota Mario: el ejercicio democrático del voto es la mejor posibilidad que tenemos los ciudadanos para que efectivamente sea elegido el candidato adecuado para que esas necesidades -que $40.000 millones no resuelven- sean prioridad en un programa de gobierno. ¿O cómo se pretenden cambiar las condiciones del país si no es con el ejercicio democrático? Irresponsables resultan entonces declaraciones como las de Valencia, en un espacio de televisión nacional de amplia difusión en un sector de la población más vulnerable y que usualmente no vota, pues este mensaje lo único que logra es hacer apología al abstencionismo y promover la indignación de escritorio, cuando por el contrario lo que deberíamos es exigir que todos los partidos tuvieran un mecanismo incluyente: invitar a la gente a participar de manera que se pueda hacer un ejercicio de la democracia más transparente. Pero no le podemos pedir peras al olmo.
