Bogotá no se construye en TikTok

La ciudad enfrenta una crisis silenciosa en su infraestructura: falta de planeación, descoordinación institucional y falta de seguridad jurídica. El alcalde Galán tiene en sus manos una prueba real de liderazgo. Bogotá está fracasando en lo más elemental: ejecutar infraestructura con lógica, coordinación y garantías. No es un problema de recursos ni de voluntad política. Es una crisis de liderazgo, de método y de visión técnica. Hoy, los grandes proyectos de la ciudad naufragan antes siquiera de comenzar, y las causas son tan previsibles como evitables.

Hablemos de la planeación. Uno podría pensar que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es una institución sofisticada, pero no, en pleno 2025, en Bogotá se siguen estructurando proyectos con estudios con muy poca rigurosidad técnica, con un problema endémico de la ciudad con el mapa de redes de acueducto que no tienen memoria histórica y que a la hora de ejecutar es como construir en Roma, salvo que, en vez de ruinas, al excavar se encuentran redes no previstas en los estudios y diseños que llevan a tener en muchas ocasiones a suspender obras, tener que rediseñar y se generan sobrecostos por falta de previsión.

A eso súmenle la mala gestión predial de la ciudad. Todo proyecto que traslade en Bogotá el riesgo predial al contratista está condenado al fracaso. Lo demuestra la estadística y el éxito de otras obras públicas en las que el riesgo predial ha estado a cargo de la entidad contratante. Esta falta de planeación, más allá de la discusión que hay sobre si es o no un principio de la contratación pública, es un deber de moralidad pública, pues lo que está en juego en la obra pública es el bienestar de todos los bogotanos.

Sin que todo lo anterior fuera suficiente, la desconexión entre entidades del Distrito es patológica y conocida por el alcalde Galán. Las entidades del Distrito operan como si vivieran en ciudades distintas. Cada una con sus tiempos, trámites y prioridades, sin una cabeza que articule ni un sistema que evite la duplicidad y el caos. El contratista termina asumiendo retrasos ajenos, generados por un aparato público que se sabotea a sí mismo. Y lo más grave: no hay nadie en el gobierno distrital que se pare al frente y diga “esto es responsabilidad mía”.

Y por último la seguridad jurídica. Para nadie es un secreto que en general en Colombia resolver conflictos contractuales es una verdadera odisea, si se acude a la justicia ordinaria. Quienes invierten la ciudad, le apuestan Bogotá, los contratistas que pueden tener la caja para ejecutar los grandes proyectos y que atraen a las bancas de inversión, de las primeras preguntas que se evalúan en los comités de riesgo a la hora de apostarle a un proyecto de infraestructura es: ¿cuál es el juez del contrato?

Ahora resulta que han salido en Bogotá con la idea de que no está permitido pactar cláusulas arbitrales por cuenta de la interpretación de una directriz que, primero, no aplica y si se aplicara sería en todo caso necesario tan solo justificar la necesidad de una cláusula de resolución de controversias con un mecanismo alterno que resuelva de fondo una posible controversia para que el número de participantes y la calidad de estos sea mejor de cara a garantizar el bien superior de los ciudadanos. Para las firmas con reputación y estándares internacionales, eso es un claro “no gracias”.

Señor alcalde Carlos Fernando Galán: si realmente quiere que su paso por la Alcaldía sea algo más que una transición burocrática, debe asumir este reto con decisión. El liderazgo no se mide por anuncios, sino por resultados. Y el desarrollo de infraestructura será, le guste o no, la medida más visible -y más implacable- de su gestión. Ahí se la dejo.