Aguas tibias

Vivimos en un país lleno de escándalos y robos millonarios, la agenda política ha cambiado de manera radical y para el bien de Colombia vamos a dejar que las decisiones electorales sean marcadas por el conflicto armado y entender que el verdadero cáncer que consume nuestra vida como sociedad es la corrupción. En días pasados el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto  092 de 2017, en donde se pretende poner freno a la contratación directa con organizaciones sin ánimo de lucro en el país. 

Si bien es cierto que la contratación directa a nivel regional es un eslabón en la cadena de corrupción en el país, también lo es que este decreto no tiene sino fines mediáticos, no real a la problemática en materia de corrupción en la contratación pública y al desangre que significa para las finanzas públicas los altos costos de las dádivas que en unos casos se piden y en otros se dan para ser contratista del estado. Otra de las medidas anunciadas van encaminadas a que en los procesos penales que se adelanten en contra de personas que estén involucradas en casos de corrupción se eliminen los beneficios por aceptación de cargos o delación de las estructuras de corrupción, etc.

Desde hace tiempo, al Código Penal lo han prostituido al ritmo de los “clamores sociales”, lo han llenado de tipos penales que en la práctica no son útiles y solo tienen desde el punto de vista práctico fines eminentemente electorales. Esta última propuesta del presidente Santos se mueve entre el populismo y lo ingenuo. No podemos desconocer que la posibilidad que tiene la Fiscalía General de la Nación en el marco de negociar rebajas de penas por efectos de colaboración, la aplicación del principio de oportunidad ha ayudado a desenmascarar escándalos de corrupción como el de los célebres hermanos Moreno Rojas en Bogotá e incluso más cercano el caso de Odebrecht.  

No nos podemos dar el lujo como sociedad de que el Congreso de la República Legisle al ritmo de las redes sociales. Más allá de castigos, el problema de corrupción nace desde la misma concepción del individuo como parte útil de la sociedad y al servicio del estado; por el contrario, la corriente de pensamiento utilitario que se ha creado al interior del estado se basa en buscar la exclusiva riqueza y la corrupción como atajo sin importar quién o quiénes se vean perjudicados con tal de lograr ese perverso objetivo. 

Por otro lado y sin dejar de lado la pedagogía, necesitamos que entidades como la Procuraduría y la Contraloría aumenten su capacidad a prevención y no solo a reacción, es importantes castigar a los corruptos pero debe ser prioridad evitar que se hagan corruptelas en la contratación del país. Estas entidades deben salir de exclusivamente los “hallazgos fiscales o disciplinarios” y de oficio empezar a auditar los procesos de selección en la etapa de los estudios previos cuando estos superen una cuantía determinada, y en otros ejercer monitoreo que les implica mayor trabajo y compromiso de transparencia de sus funcionarios como garantes del patrimonio del estado. 

Mientras generamos esa cultura, no podemos dejar de mirar el problema de frente, lo primero que se debe hacer es empezar a aplicar criterios reales de prevención de la corrupción del funcionario y el mismo contratista, la posibilidad real de que se puedan realizar pruebas como las de polígrafo, rotación de personal constante en los comités de estructuración y evaluación o tercerizar esta con estructuradoras serias que ejerzan control al interior de las contrataciones.

Es claro que el problema no es la ley, el contrato o el país. Los colombianos somos la enfermedad y somos nosotros mismos quienes debemos oficiar como cura, pues si no somos lo suficientemente conscientes de que nuestra concepción del estado y estructura de valores están completamente equivocadas y perdidas, llenaremos las cárceles de corruptos, pero seguiremos siendo el mismo país de titulares de prensa escandalosos, mediocre e inviable que venimos siendo a lo largo de nuestra historia.