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Los altos precios de la onza troy de oro (al momento de escribir esta columna US$3.033 por onza troy), tienen en el corto y mediano plazo un solo beneficiario: la minería informal, ilícita, no autorizada, en fin el adjetivo que le quieran asignar. Y es este tipo de minería la que resulta beneficiada, ya que, para aprovechar esta bonanza en el superciclo de los precios altos del oro, no necesitan modificar sus planes mineros de corto plazo (que no los tienen), ni modificar y ajustar sus modelos financieros (que no los tienen), ni actualizar su plan de compras (que no los tienen), ni modificar sus inversiones sociales y ambientales (que nos las tienen), solamente incrementar la mano de obra, incrementar los insumos (incluido el mercurio) y pagar un valor mayor del día trabajado o de las toneladas extraídas de la mina, y este exceso de renta servirá para seguir aumentando la extracción ilícita de minerales, específicamente, el oro.
No hemos podido como país comprender que una solución inmediata, es definir una política pública, con verdadera voluntad política, para que los mineros informales puedan acceder vía fast track o una ventanilla rápida, a un programa de formalización acompañado de empresas legalmente constituidas y que tengan un contrato de concesión minera con el Estado, específicamente con la Agencia Nacional de Minería. Cuándo seamos capaces de generar este acercamiento entre las empresas mineras y aquellos mineros que cumplan con unos requisitos para formalizar, esta bonanza en los precios de oro, nos beneficiará a todos los colombianos y no solo a unos grupos al margen de la ley que hacen de la actividad ilícita minera una fuente muy importante de captura de renta por la explotación aurífera.
Lo anterior, es un modelo en el que todas las partes involucradas salen beneficiadas ofreciendo beneficios múltiples. El Estado, por la disminución de los niveles de informalidad y un mayor recaudo tributario. Las empresas aprovechan los altos precios del oro para presentar un mejor balance a sus accionistas. Los mineros formalizados, pueden contar con todas las prestaciones sociales del Código Sustantivo de Trabajo y de esta manera protegerse ellos y proteger sus familias. El ambiente, ya que, los instrumentos técnicos como el Estudio de Impacto Ambiental, se estarían teniendo en cuenta como marco de referencia para proteger la flora y fauna, y en la medida de lo posible que los pasivos ambientales sean gestionados de la mejor manera posible. La sociedad en su conjunto, para tener una economía minera más robusta, en la que se incremente la inversión extranjera directa vía exploración y explotación de proyectos mineros.
Ojalá que estos altos precios sirvan como un catalizador para que finalmente tomemos la decisión de apoyar nuestro desarrollo económico a través de la minería, transformando las oportunidades mineras en beneficios para todos…y para que entre todos podamos beneficiarnos legalmente del oro.
La Ley de Rescate busca un ajuste de unos $45 billones, el 2,2% del PIB. Siete de cada diez pesos salen del gasto: recorte del 50% en contratos de prestación de servicios, del 20% en funcionamiento, venta de activos improductivos y facultades extraordinarias por seis meses para podar el Estado
¿El cazatalentos corrige el sesgo o abre para las mujeres una fila aparte? Me inclino a pensar que hace ambas cosas. ¿Quién decide qué búsquedas se contratan? ¿Quién arma la terna?
El liderazgo es algo que amerita razonar a fondo, pero con simpleza. Por mi parte, encuentro su esencia en la misma enseñanza silenciosa que he recibido a lo largo de la vida de mis grandes maestros
