.
Analistas 19/09/2018

Una oportunidad llamada “Big Data”

Con la aprobación del Documento Conpes 3920, Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano y octavo en el mundo en contar con una política pública de explotación de datos (Big Data).

Pese que no es un fenómeno nuevo, al interior de la sociedad existe un erróneo e incompleto paradigma sobre lo que se entiende por el concepto en mención: grandes volúmenes de datos y modernismo tecnológico, lejos de reconocer lo que realmente es, una oportunidad para que los datos se conviertan en un activo generador de valor social y económico.

Además de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el desarrollo de la innovación y el acceso público a datos fiables y de alta calidad, la política pública de Big Data, liderada por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, busca como principal propósito el efectivo aprovechamiento de datos para generar desarrollo social y económico.

Lo anterior, mediante la promoción de nuevas habilidades que incentiven la productividad, la investigación y la innovación; que impulsen la competitividad de una empresa a través de la identificación, predicción y análisis de nuevas oportunidades y estrategias de negocio; y que permitan que las entidades públicas brinden respuestas efectivas a las necesidades propias de la sociedad.

Es así como el documento Conpes 3920 estableció sus cuatro ejes principales para el cumplimiento del propósito planteado: (i) generar un mayor número de datos, siendo estos el principal insumo de esta política; (ii) incentivar la cultura de datos al interior de la sociedad; (iii) generar un mayor capital humano para la explotación de datos; y (iv) establecer un marco jurídico, ético e institucional que permita la creación de un ambiente propicio para la implementación coherente y acertada de la política en mención.

Aunque las bases ya están cimentadas, la implementación y consolidación de esta política supone notables retos que vale la pena destacar. En efecto, se requieren de importantes esfuerzos, inversiones e intervenciones específicas destinadas a fortalecer la cultura de datos, sumadas a la inclusión de un mayor capital humano y físico encargado de proponer e innovar.

Parte también de un esfuerzo académico en donde las instituciones de educación superior introduzcan nuevas herramientas que incentiven a los estudiantes a especializarse como científicos y analíticos de datos.

Finalmente, la implementación de esta política requiere de una actualización y capacitación constante, una sólida infraestructura y la armonización de la pluralidad de disposiciones normativas y jurídicas aplicables al contexto que, en su conjunto, generen unas condiciones mínimas o habilitantes para el éxito de la transformación de datos en conocimiento.