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La presión tributaria-parafiscal debilita a la demanda laboral, y la promoción del empleo fracasa porque no incorpora formación, pertinente y continua, para la empleabilidad o el empresarismo.
Desenfocadas, esas estrategias refuerzan las fallas estructurales, y malgastan escasos recursos públicos en paliativos. Las colchas de retazos no alcanzan para todos, y, si atienden un segmento vulnerable, descubren a la mayoría; acaso rotan cual carrusel, para fingir un ratico ante algunos grupos de interés.
Duque adaptó un coloquialismo anacrónico para etiquetar su iniciativa, “camello sí hay” (2/7/2021), y patrocinó la creación de trabajo juvenil aportando el equivalente a 25% del mínimo. Perjuró que esa medida era «pionera», aunque tenía nada de revolucionaria; además, los empleadores -presuntos benefactores- cobraron más que los «sisbenizados» mediante el paupérrimo Ingreso Solidario.
Año nuevo -problema viejo-, esa mediocre intervención logró que el empleo siguiera pareciendo «desértico». Del mismo modo, y en sentido contrario, Claudia López anunció un Plan Marshall para combatir la pandemia (13/8/2020), e “hizo el oso” con esa pésima imitación, que se burló de las ruinas del Estado de Bienestar.
Desconociendo las afugias de quienes no reciben oportunidad para facturar, cerca de finalizar su mandato anunció un programa, denominado “Empleo Incluyente”, que apadrinará a quienes jueguen a la Discriminación Positiva, aunque mantengan excluida a la mayoría de los desempleados-subempleados.
Desvirtuando a la Responsabilidad Social, esa «campaña» cosifica a los vulnerables. Así mismo, ignorando la pedagogía-sensibilización para Transformar Paradigmas, infantiliza a los empresarios prometiéndoles incentivos, oportunistas e insostenibles, si incrementan de manera artificial y «temporal» la contratación (aplican condiciones y restricciones*).
Aunque el trabajo es un derecho universal, su población objetivo detalla una extensa lista para aparentar cobertura (https://bogotatrabaja.gov.co/empleo-incluyente/): v.g. albergado por el Icbf, víctima de violencia de género o trata de personas, prostituta, habitante de calle, y vendedor informal o reciclador en «reconversión» laboral, entre otras clasificaciones.
Arbitrarios y especulativos, los montos otorgados dependen de la calificación del «inútil», y el periodo tras el cual volvería a ser «desechable». Aprovechando que “algunos son más iguales que otros” (Granja Animal, 1945), a quienes «rebajan», su combo promocional «incluye»: trans a término indefinido por $4,2 millones; mujer en reincorporación, por 14 meses, a $3 millones; y joven con discapacidad, por seis meses, a $1,5 millones.
Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Económico lo expusieron, abusando del misterio, en un costoso desayuno en el Hotel Tequendama (16/2/2023), con souvenir «incluido», donde invitaron únicamente a 40 grandes empresas; obviamente no hicieron partícipes a los sempiternos microemprendimientos de subsistencia o las fugaces empresas pequeñas, que mantienen ocupado o económicamente activo al bogotano promedio.
Colmo de males, mientras que la mayoría de los viejos no tiene empleo ni pensión, el Gobierno del Cambio evitó el retiro forzoso de sus secuaces, que ostentan mega pensiones; seguramente extenderá la edad de jubilación de todos los colombianos.
