Estado «contra-actual»

El presidente Petro trata como ‘nazis’ a quienes no apoyen sus intervenciones. Presuntamente, él pretende alterar el equilibrio de poderes con su talante autoritario, irrespetando a la democracia que en teoría existe en Colombia. Sin embargo, la práctica ha sido disfuncional y el régimen realmente ha sido antidemocrático, a pesar de la Constitución de 1991.

Por costumbre, la mayoría de los colombianos se abstiene, vota en blanco o escoge el ‘mal menor’. Así, su obsoleta República, tan fallida como absurda, se limita a representar élites. Debería identificarla como «Uroboros», porque dicha denominación alberga la palabra clave, ‘robo’, y la ‘serpiente que se muerde la cola’ simboliza la canibalización y el continuismo.

Los índices que evalúan libertades democráticas y económicas, v.g. Freedom y Heritage, ignoran cómo el nepotismo mercantil, el neoliberalismo financiero y el imperialismo tecnológico defraudaron el Contrato Social, implantando trucos estadísticos, neutralizando contrapesos y cooptando elecciones.
Colombia comparte raíz etimológica con ‘colonizada’. No hay independencia de poderes, sino un “Partido Aristócrata” que conquistó al Estado traficando influencias. Imitando los “ministerios” de la distopía ‘1984’, la rama Ejecutiva -Min. Autonomía- es codependiente y requiere la aprobación de los demás órganos. Procurando complacerlos, concede auxilios parlamentarios o convoca ferias «contractuales». Alternativamente, intenta superar los bloqueos desafiando a los oportunistas mediante consultas populistas o imponiendo decretos que extralimitan sus facultades.

La Legislativa -Min. Concertación- extorsiona a todos los poderes. Deliberadamente, comisiones de oficialistas y opositores se reparten las cuotas que les corresponden y celebran conciertos para delinquir. En la Judicial -Min. Imparcialidad- los Carteles de la Toga emiten fallos desconcertantes, que mantienen impune la arbitrariedad estatalizada y protegen al statu quo.

Los Controles -Min. Integridad- refuerzan con su silencio administrativo positivo la hipocresía, conformidad o transigencia que normalizan el clientelismo. La Electoral -Min. Sostenibilidad- recicla tarjetones y reproduce condicionamientos: avales clientelistas, encuestas tendenciosas y sufragios regateados.

El BanRepública -Min. Interés General- ostenta sectarismo ideológico y permanece aislado de la realidad ciudadana. Subsidia a los usureros y nunca patrocina la inversión en bienes comunes: salud, vivienda y educación. La Dian -Min. Redistribución- quiebra empresas, incentiva la elusión y facilita la evasión, además del contrabando. Finalmente, el Mercado -Min. Libre Competencia- es desleal y oligopólico.

En este entramado, los principios y derechos promulgados por la Constitución fueron tácitamente derogados y, paradójicamente, el libertarismo emergente promete minimizar la costosa burocracia, volatilidad política, incertidumbre jurídica y ambigüedad legislativa.

En lugar de tanta complicidad, Colombia necesita una matriz de relaciones complementarias, «interdependientes» y mutualistas, para empoderar a la ciudadanía. Solo así derrocará esta versión contemporánea de ‘1984’, donde la supuesta división de poderes enmascara conspiraciones y vendettas que atentan exclusivamente contra el soberano constituyente.

Su coacción nos condenó a una «path-dependency», donde los patrones legitiman la esclavitud, sistematizan el abuso y transversalizan la inequidad. Entonces, apostemos por el establecimiento de una «lotocracia». Por supuesto, estos cuestionamientos y planteamientos siempre son desestimados, ridiculizados o censurados por los tecnócratas.