Palacio de Justicia, 1985

La decisión de la Corte Constitucional sobre la película ‘Noviembre’ deja una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando una obra de ficción se promociona como la verdad de un episodio que sigue abierto en la memoria de sus víctimas? La Corte protegió la libertad de creación y reconoció que la película es una obra de ficción, pero concluyó que presentarla comercialmente como “la verdad” vulneró los derechos del exmagistrado Manuel Gaona y de su familia. Ordenó disculpas públicas y una aclaración sobre la naturaleza de la cinta. El fallo no censura la película: recuerda que la publicidad también tiene responsabilidades.

La distinción importa. Una película puede recrear hechos y personajes desde la ficción, incluso con una mirada provocadora. Pero llamar “verdad” a esa recreación puede confundir al público y herir la memoria de quienes vivieron la tragedia. La libertad artística merece protección, como lo estableció la Corte en la sentencia SU-056 de 1995, sobre el libro ‘La bruja’. Esa protección, sin embargo, no convierte una obra en relato judicial ni vuelve irrelevantes los expedientes, los testimonios y los informes sobre el Palacio.

Y es precisamente la historia judicial la que el debate sobre ‘Noviembre’ obliga a mirar. El 6 y el 7 de noviembre de 1985, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia y tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes. La Comisión de la Verdad sobre estos hechos reconstruyó la toma y la retoma, y examinó las responsabilidades de la guerrilla y del Estado. Su informe también abordó los indicios sobre la relación entre el M-19 y el narcotráfico, y concluyó: “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio”. Se trata de una conclusión histórica de la Comisión que no puede desaparecer de la conversación pública.

Tampoco puede borrarse la secuencia de decisiones judiciales contra la cúpula del M-19. El 31 de enero de 1989, el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante profirió resolución acusatoria contra sus integrantes, incluido Gustavo Petro, por homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, falsedad y rebelión. El 15 de mayo de 1992, la juez de Orden Público varió la calificación jurídica a terrorismo en concurso con incendio -delitos que no estaban incluidos en el de rebelión- e impuso medidas de aseguramiento a Petro y a otros miembros de la cúpula. La actuación terminó cerrada por los efectos de la amnistía y de la favorabilidad. Esos antecedentes constan en las providencias judiciales.

La amnistía del M-19 no debió cobijar esos delitos. La Corte Interamericana, en decisiones como Barrios Altos vs. Perú, Almonacid Arellano vs. Chile, Gelman vs. Uruguay y El Mozote vs. El Salvador, ha establecido que las amnistías no pueden impedir la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos.
El contraste con lo ocurrido después es contundente. Hubo procesos, condenas y absoluciones contra militares por la retoma, y la Corte Interamericana declaró responsable al Estado colombiano por desapariciones forzadas vinculadas al Palacio. Esa responsabilidad debe reconocerse. Pero la respuesta penal al Estado y a miembros de la Fuerza Pública no borra los crímenes del M-19 ni explica por qué su cúpula recibió los beneficios que cerraron la actuación judicial. La rendición de cuentas quedó marcada por una asimetría que las víctimas tienen derecho a señalar.

Por eso, el fallo sobre la película ‘Noviembre’ debe leerse como una advertencia contra la confusión entre ficción y verdad, pero también como una invitación a no dejar que la ficción ocupe el lugar de la historia. La toma fue un acto terrorista; la retoma produjo responsabilidades estatales que la justicia internacional estableció. Contar una parte sin la otra empobrece la memoria. Respetar a las víctimas exige mantener ambas en el relato.