Analistas

Corruptio optimi pessima

Toda sociedad tiene personas que actúan en la ilegalidad. Por algo existen las normas, las sanciones y las cárceles que aplican para el “raponero”, el mafioso o el delincuente de cuello blanco. Es una realidad que se vive en todo el mundo. En cambio, la corrupción de los más altos funcionarios responsables de impartir justicia, sí es una triste extravagancia.
“La corrupción de los mejores es lo peor”, dice el viejo adagio latín. Las capturas del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía reflejan la miseria de lo que representa este dicho. Un fiscal que gozaba de todos los pergaminos terminó siendo un gran corrupto. A pesar de que fueron capturados, lo que muestra que algo dentro de la fiscalía sí funciona, lo que vivió Colombia en las últimas semanas es una pesadilla para todo idealista que cree que las cosas van a mejorar y se pueden hacer bien.
Se ha afirmado mucho sobre la ironía de ambos casos; no obstante, no se han dimensionado las profundas consecuencias. La justicia, de por sí, está muy caída en Colombia. De acuerdo con la última encuesta Gallup, la Corte Constitucional tiene 56% de desfavorabilidad, mientras que el sistema judicial, en general, el terrible 80%, y tan solo 17% de favorabilidad.
A pesar de muchos comentarios respecto a la imagen del presidente, de las Farc y de los candidatos presidenciales, poco se ha mencionado -tal vez porque no es algo nuevo- sobre la deplorable aprobación ciudadana de la rama más importante del poder público, si se quiere vivir en una sociedad justa. Hace algunos años, leí en una revista un estudio que señalaba que lo más valioso que tenía Estados Unidos era su Estado de derecho. Según los autores, si se pudiera subastar partes de esta superpotencia -por ejemplo, el ejército, la cultura, el poder blando, entre otros- ninguno tendría más valor.
La justicia permite la convivencia pacífica y logra que una economía prospere al tener las reglas de juego claras y hacerlas cumplir. Esta también goza de una particular característica que consiste en que, en gran medida, su desarrollo depende de la percepción que tenga el ciudadano sobre su efectividad, tanto por el temor de ser sancionado si se desobedece como por el sentido cívico de acatar la ley. En el momento en que no exista confianza, quienes tienen la tentación de incumplir son más propensos a hacerlo y quienes actúan por deber se sienten burlados. La mejor manera de perder este valor es a través de casos emblemáticos como los que se vieron esta semana.
La captura de un fiscal encargado de otros temas hubiera sido, en términos generales, igual de grave pero no hubiera cargado el simbolismo tan demoledor de lo que ocurrió. A esto se le suma la notoria “reforma a la justicia” que, paradójicamente, hoy es sinónimo de corrupción y clientelismo. La comunicación más poderosa se origina en símbolos, lo que deja a esta rama en una angustiante situación.
En un país que históricamente se ha caracterizado por la cultura del atajo y “del todo vale”, una reforma estructural a la justicia -real y sin “micos”- no solo es urgente, sino que se torna en una necesidad existencial si se quiere dar el brinco de ser subdesarrollado -o para ser políticamente correcto “en vías de desarrollo”- a ocupar un puesto en la Ocde y llevar el rótulo de nación “desarrollada”.
Que este sea un campanazo que genere acciones reales y concretas porque otro golpe de ese calibre no lo aguanta la débil justicia de este país.