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Felipe Jaramillo Vélez PhD Filosofía
Motivar la movilización social en busca de reivindicar derechos ha sido, históricamente, una estrategia que distintos sectores de la izquierda han sabido capitalizar para alcanzar victorias políticas. Salir a la calle, convertir el descontento en presencia masiva y visibilizar el poder del pueblo se ha consolidado como una fórmula eficaz: transformar la presión social -a menudo caótica y disruptiva- en votos. Esta dinámica, que combina emoción colectiva, narrativa política y oportunidad estratégica, plantea preguntas profundas sobre los límites entre la protesta legítima y su instrumentalización en la disputa por el poder.
En las últimas elecciones presidenciales colombianas, ese libreto encontró una expresión concreta en el “estallido social”. Aquel momento tuvo como protagonista a una generación de jóvenes -hombres y mujeres históricamente apáticos frente a la política y distantes de la dinámica electoral- que, sin embargo, fueron interpelados por una narrativa de cambio cargada de esperanza. La protesta dejó de ser solo una expresión de inconformidad para convertirse en un vehículo de participación política: se logró captar su atención, movilizar su emoción y, finalmente, traducir ese despertar cívico en votos decisivos en las urnas.
Hoy, todo indica que la estrategia que llevó a la izquierda al poder busca reeditarse con una fórmula similar: calle, descontento, caos y arengas en favor de un cambio que vuelve a presentarse como eje del discurso. Esta vez, tras la elección de la fórmula vicepresidencial del candidato Cepeda, la mirada parece dirigirse hacia otro segmento históricamente distante de la política electoral: las comunidades indígenas. Se trataría, de nuevo, de convocar a sectores tradicionalmente apáticos, interpelarlos desde una narrativa de reivindicación y esperanza y convertir esa movilización social en capital político.
Hoy, Medellín amanece con la minga indígena apostada en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra, complejo que alberga la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación de Antioquia. La jornada ha estado marcada por bloqueos que dificultan el paso de funcionarios y ciudadanos que acuden en busca de servicios esenciales. La movilización plantea reivindicaciones en un momento que, para muchos, resulta, cuando menos, oportunista en términos políticos. Buses provenientes de distintos puntos de Antioquia -e incluso de otros departamentos- llegan con hombres, mujeres y también niños que se congregan en el lugar. En medio de la multitud, queda la inquietud sobre cuánto de esta presencia responde a una convicción informada y cuánto a dinámicas de convocatoria en las que no siempre todos tienen claridad sobre el propósito de la movilización, y que solo atinan a decir que es por una orden.
La política, sin embargo, suele abrirse paso mediante estrategias que, en no pocas ocasiones, poco comulgan con la realidad del país. En ese desfase entre discurso y contexto se incuban decisiones colectivas que terminan definiendo rumbos de largo alcance. En las próximas elecciones no solo se disputa el poder, sino también la orientación institucional, económica y social de Colombia. Por eso, más que nunca, el momento exige ciudadanía crítica: menos reacción emotiva y más reflexión informada, menos consigna y más criterio.
Proteger a una persona gay de la discriminación es una obligación del Estado y de toda la sociedad. Pero eso no requiere validar la idea de que la orientación sexual es una identidad política
Al final fueron unos 104 puntos, en 50 municipios y siete departamentos, sin mencionar el número de empleados y 63 años de historia, toda una experiencia