La rendición del derecho empieza en el aula

Fui decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Bajo ese liderazgo, en 2016, Acofade nos reconoció como la facultad de leyes más innovadora de Colombia. No fue un eslogan. Fue internacionalización real, un grupo de innovación jurídica y una idea simple: el abogado del siglo XXI no podía seguir formándose como el del XX.

Entonces dije que nuestros estudiantes debían estar listos para “la ingente influencia de tecnologías en las realidades jurídicas” y para un derecho preventivo, no solo reparativo. Diez años después esa frase ya no es prospectiva. Es el examen que el oficio no ha terminado de presentar.

Por eso leí con atención la columna de Fernando Tomeo en La Nación de Buenos Aires: “La inteligencia artificial doblegará al derecho”. El diagnóstico es honesto. Mientras los juristas afinamos nociones y debatimos principios, los modelos se entrenan, se despliegan y se reentrenan a una velocidad que ningún calendario legislativo alcanza. El derecho llega tarde. La inteligencia artificial avanza como el Correcaminos.

Coincido en tres puntos. Los códigos éticos de las grandes tecnológicas suelen ser ensayos públicos que se vuelven frágiles frente al incentivo de mercado. América Latina -y Colombia no es excepción- sigue produciendo proyectos “copy-paste”, más interesados en el glamour de la agenda que en gobernar lo que de verdad nos va a gobernar. Y la norma clásica choca con dos límites: el tiempo -años para promulgar, semanas para desplegar un modelo- y la extraterritorialidad de plataformas que concentran cómputo, datos y talento, y cumplen en el papel sin alterar el poder que concentran.

Hasta ahí, el mapa es el correcto. Donde me aparto es en el verbo. “Doblegar” suena a derrota inevitable. Yo no veo una derrota inevitable. Veo una rendición opcional. Y esas rendiciones no empiezan en el Congreso. Empiezan en el aula.

Quien haya dirigido una facultad sabe que el desfase entre el hecho y la norma no nació con ChatGPT. El comercio, la radio, internet y las redes también produjeron hechos antes de que el legislador los nombrara. Lo nuevo es otra cosa: esos hechos ahora se generan en tiempo real y se autorreplican. Ya no hay un invento que se estabiliza y luego se regula. Hay sistemas que aprenden de sus usuarios, se mejoran a sí mismos y desplazan el poder de quien escribe la ley hacia quien posee la infraestructura.

Quien gobierne esos sistemas no solo tendrá poder económico. Tendrá, temporalmente, la capacidad de moldear reglas sociales, influir en lo político y reorganizar mercados. Eso no es un problema técnico. Es un problema de poder. Si el derecho deja de preguntarse de dónde emana la autoridad, la inteligencia artificial no lo doblegará: lo reemplazará.

Diez años después de aquel reconocimiento, demasiadas facultades siguen formando litigantes de archivo para un mundo de decisiones automatizadas. Premiamos la memoria del código y subestimamos tres alfabetizaciones sin las cuales un abogado de 2026 es un notario del pasado: datos, incentivos de plataforma y diseño institucional. Quien no entiende cómo se entrena un modelo, quién posee el cómputo y qué es un sandbox no puede auditar el poder que ya decide créditos, contenidos, empleos y reputaciones.

Ese es el error colombiano. Copiamos el reglamento europeo de inteligencia artificial -riesgos, impacto, supervisión humana, sanciones- y creemos que llegamos a tiempo. El país ha radicado, una y otra vez, proyectos de ley sobre la materia. El impulso es legítimo. El riesgo es otro: normas ambiciosas en el papel y lagunas en la práctica, porque faltan organismos, estándares, auditorías y capacidad política para supervisar actores con recursos inmensos. Una autoridad de inteligencia artificial sin músculo técnico es un membrete. Un sandbox sin criterio de salida es un permiso disfrazado. Una ley de principios que no decide quién mueve las palancas es un ensayo público con pretensión de código.

Tres derivaciones. Primera: no hay que esperar la “gran ley”. Hay que usar lo que ya existe -protección de datos, consumo, competencia, función pública, debido proceso- mientras se construye la institucionalidad nueva. El derecho no está desnudo. Está desactualizado en su forma de aplicarse. Segunda: la pregunta no es solo qué norma publicamos, sino quién posee las palancas. Si el Estado no incide en infraestructura, talento, datos públicos y cómputo, firmará tratados de ética e importará dependencia. Tercera: la batalla decisiva está en las facultades. Si no enseñamos a leer un sistema de alto riesgo, a interrogar un sesgo y a distinguir el cumplimiento formal de la reconfiguración real del poder, graduamos espectadores.

Tomeo tiene razón en esto: no se trata de proclamar un apocalipsis jurídico, sino de nombrar una confrontación entre dos velocidades y dos fuentes de poder. El derecho puede reaccionar. Lo que no puede es pretender que una norma del Diario Oficial funcione mañana como un reloj suizo. Tampoco puede refugiarse en la pasividad. Hoy la pasividad no produce vacío: produce cesión. Se cede el crédito, la visibilidad, la prueba, la reputación y la decisión administrativa a quien maneja palancas invisibles.

Desde la experiencia de haber dirigido una facultad reconocida por innovar -y no por repetir-, me niego a aceptar el verbo como destino. La inteligencia artificial impondrá nuevos equilibrios. Eso ya ocurre. Pero el derecho no está condenado a llegar siempre tarde. Está condenado, si acaso, a la mediocridad de seguir enseñando como si el poder habitara solo en el Congreso, el juez y el código.

La inteligencia artificial no doblega al derecho por ser más rápida. Lo doblega cuando el derecho deja de preguntarse quién manda. Mientras esa pregunta siga viva en las facultades, el derecho no estará vencido. Estará ante el examen más serio de su historia reciente. Y los exámenes serios no se aprueban con copias.