La agenda de los puertos verdes en Colombia

El mundo está decidido a descarbonizar el transporte marítimo y, en general, la cadena logística del comercio exterior. En julio de 2023, la Organización Marítima Internacional (Omi) adoptó la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero para el transporte marítimo, que fija un camino hacia emisiones netas cero alrededor del año 2050. Este objetivo irradia estándares regulatorios, exigencias comerciales y futuras obligaciones sobre los distintos actores de la cadena logística, incluidos los Estados.

Esa tendencia global alcanza también a los puertos. El mundo exige terminales descarbonizados y sostenibles, idea que ha sido enmarcada bajo el concepto de puertos verdes.

Ser un puerto verde no se agota con la electrificación de grúas, equipos y vehículos internos. La exigencia es mucho más amplia y sistémica. Los terminales empiezan a ser llamados a actuar como nodos energéticos: proveedores de servicios de conexión eléctrica en tierra para buques, facilitadores del mercado de combustibles de bajas emisiones, parte de corredores verdes y plataformas logísticas para nuevas cadenas de generación de energía, como la eólica costa afuera.

Con el propósito de avanzar hacia la descarbonización de la cadena logística del comercio exterior en los tiempos previstos, los Estados han empezado a incorporar en sus marcos legales políticas públicas, objetivos, normas técnicas, obligaciones y acciones específicas. No obstante, este ejercicio regulatorio debe consultar la realidad energética, económica e institucional de cada país. De lo contrario, existe el riesgo de construir una regulación formalmente ambiciosa, pero materialmente inviable.

La exigencia de electrificación de los equipos portuarios y la instalación de sistemas de suministro eléctrico en tierra para buques parten de una premisa básica: que la energía suministrada desde tierra es más limpia que el combustible quemado por sus motores. En Colombia, la matriz eléctrica tiene una alta participación de generación hidráulica, lo cual, en principio, favorece dicha premisa. Sin embargo, el desafío principal en nuestro país no está únicamente en la naturaleza de la fuente de generación, sino en su disponibilidad y transmisión. La realidad energética del país está marcada hoy por la necesidad de importar gas natural y por una preocupación creciente ante eventuales riesgos de racionamiento.

En ese contexto de estrés sobre el Sistema Interconectado Nacional (Sin), exigir una electrificación portuaria masiva sin resolver previamente las condiciones de suministro de energía puede producir un resultado paradójico. Los terminales podrían terminar compitiendo por capacidad energética con hogares, comercios e industrias locales, o verse obligados a respaldar sus operaciones con combustibles fósiles, lo cual desvirtúa la idea misma de descarbonización y de puertos verdes.

Ante esta fricción entre la ambición global y la realidad energética del país, los terminales portuarios han optado por un camino pragmático y responsable, marcado por una electrificación gradual, proyectos solares para autoabastecimiento parcial, mejoras de eficiencia, sustitución progresiva de equipos y medición de su huella de carbono, sin comprometer la estabilidad de su operación ni de sus finanzas. Casos como los del Puerto de Cartagena y el Puerto de Barranquilla muestran que el sector ya viene avanzando en esa dirección. Este enfoque no debe leerse como falta de ambición, sino como una forma aterrizada de avanzar en medio de restricciones reales.

El verdadero reto del Estado es acelerar esta transición hacia la consolidación de puertos verdes, iniciada en buena medida por los propios actores privados, generando y garantizando condiciones que permitan escalar estos esfuerzos de manera segura, acorde con la realidad del país y de forma financieramente viable.

La agenda de puertos verdes en Colombia debe construirse como una política pública madura, gradual y coordinada de manera efectiva con la política energética del país, la regulación ambiental, la planeación territorial y el modelo de concesiones portuarias colombiano, que ha servido de marco para la construcción y modernización de la infraestructura portuaria por más de 30 años.