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La perversión de la palabra

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Hace poco más de un año (04/16/2013), en la columna que titule ¿Optimista informado? Me referí a la escurridiza lealtad que le tenemos a la palabra. Con fundamento en Luis Fernando García Núñez, enfatizaba cómo la pervertimos, la moralizamos, la encadenamos a perversos objetivos, utilizándola como testimonio de una justicia aparente. Los entendidos en análisis crítico del discurso se suman a este tendencioso propósito, escogiendo y ordenando los adjetivos con el fin de exaltar emociones.

El expresidente Uribe, a lo largo de su gobierno decía al mundo, y en especial a los colombianos, que generaciones enteras del país no habían conocido un día de paz y por eso la necesidad de una política de seguridad democrática que se traducía en recuperar el monopolio legítimo del uso de la fuerza y control territorial por parte del Estado, con la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios dominados por guerrillas y paramilitares. Así, esa política de seguridad democrática confirmaba el artículo 1.4 del Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, que define la existencia de un conflicto armado cuando se combaten las fuerzas insurrectas que están bajo la dirección de un mando, con control parcial del territorio y mantienen operaciones militares sostenidas. Sin embargo, el enfrentamiento armado que debilitó a las Farc y logró la desmovilización de los paramilitares, -en el entender del gobierno- no era un conflicto, sino una lucha contra el terrorismo.

Como sostuvo en 2003 el entonces académico -hoy escudero y senador de Uribe- Alfredo Rangel, “se trata de hacer un esfuerzo por lograr una buena definición de la naturaleza del conflicto, que es un requisito indispensable para lograr articular políticas públicas que busquen los objetivos de la seguridad y la paz para todos los ciudadanos”. Decía que lo que “se utiliza en los medios de comunicación muchas veces son categorías o denominaciones que no tienen el suficiente rigor conceptual, y ello ocasiona confusión entre la opinión pública”.

Durante el proceso en La Habana con ligereza absoluta de los actores políticos, se constriñe, enferma y degenera el significado de las palabras, con el propósito de mantener el statu quo. Impunidad, entrega del país, reducción del ejército y la policía, son ejemplos de palabras escogidas contra los esfuerzos de paz negociada, desconociendo que medio siglo de guerra no ha dado ni dará resultados definitivos y condenará a vivir la misma suerte a nuestras generaciones futuras.

En medio de la campaña presidencial, el país no debate sobre la paz, sino que se ocupa de los adjetivos que uno y otro se lanzan para exacerbar emociones sin importar que muchos de estos encuadren en el Código Penal. En esa columna cité “El problema de la guerra y el camino de la paz”, donde Norberto Bobbio, que no era un optimista, nos pedía no rendirnos en temas de paz, pues “lo que está en juego es demasiado importante como para que no debamos, cada uno desde su sitio, tomar partido, aunque las probabilidades de ganar sean pequeñísimas”. De ahí que aunque creamos que no tenemos un rol protagónico en la paz, la consolidación solo será realidad si nosotros -desde nuestro microcosmos (hogar, trabajo, etc.)- somos leales a la palabra sin encadenarla a los propósitos personales.

Mientras tanto, la realidad nos evidencia que en la política internacional y nacional la frontera no es el derecho internacional, todos pervierten, moralizan y encadenan la paz a sus cargados intereses y objetivos, pero aluden a ella  como testimonio de una justicia aparente. 

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