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El 17 de junio de 2014, con ocasión de las elecciones al Parlamento europeo, decíamos que era evidente una alta tendencia en favor de los partidos xenófobos y ultraderechistas, que sumaron un 25% de los escaños. Con un discurso simplista, definiéndose como enemigos de la construcción europea, del euro y de la inmigración, obtuvieron inéditos réditos electorales al acusarlos del empobrecimiento, el desempleo y la inseguridad.
Esta estrategia electorera para ganar adeptos con facilidad, fundados en discursos que exacerban percepciones, emociones y, sobre todo, miedo, ha sido afirmada en esta columna en varias ocasiones cuando nos referíamos a las políticas del gobierno del Reino Unido que dirige David Cameron. Sin embargo, esto que era obvio para muchos analistas, en las recientes elecciones británicas no lo fue para los rivales políticos de Cameron, ni para las encuestadoras que no creían en el decisivo resultado a favor de los conservadores que sacaron el 51% de los escaños, que podrán gobernar en solitario, librándose del pacto que les permitió conformar gobierno con los liberales demócratas.
El 12 de diciembre de 2014 dijimos que Cameron, para contrarrestar el avance de los nacionalistas en el Reino Unido, amenazó con vetar al presidente de la Comisión Europea, y realizó la inadmisible petición de establecer cuotas de inmigrantes de la Unión, minando el principio de libre circulación y desconociendo el aporte neto de estos al Reino que fue de 20.000 millones de euros entre 2002 y 2011. Luego convirtió en disputa política con Bruselas un ajuste técnico marginal que los obligaba a pagar 2.100 millones de euros extra a los presupuestos europeos.
Era evidente que el premier arrinconaba la modesta alternativa europea “Tritón”, al no participar en las operaciones de búsqueda y rescate para evitar que emigrantes y refugiados del norte de África murieran en el Mediterráneo, con el argumento de que esas acciones animan a peligrosas travesías con la esperanza del rescate. Además resaltábamos que pretendía expulsar a los inmigrantes comunitarios que no lograran empleo en seis meses, que discriminaba queriendo exigir más años de cotización a un trabajador de la Unión que a un nacional para acceder a algunas deducciones fiscales.
El 8 de noviembre bautizábamos a su gobierno de “anti europeísta”, pues completaba un segundo desafió al multilateralismo europeo cuando hablábamos de la intención del Reino Unido de quitarse de encima la obligación de someterse a la competencia y decisiones del Tribunal de Derechos Humanos, advirtiendo que si el Parlamento no asegura ese derecho de veto sobre las resoluciones del Tribunal, el gobierno conservador estaría dispuesto a abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto quiere decir que el Reino Unido reemplazaría, antes de finalizar el 2016, el Human Rights Act por una nueva declaración de derechos humanos.
El 9 de julio de 2013 enfatizamos en su desafío al multilateralismo, cuando anunció que si ganaba las elecciones de 2015 -como sucedió- convocaría un referéndum en 2017, con el fin de que el pueblo decida sobre la permanencia del Reino en la Unión Europea. Por cierto, ambos desafíos están ligados, pues la pertenencia de un país al Sistema Europeo de Derechos Humanos -como miembro del Consejo de Europa- es requisito para ser miembro de la UE.
Hasta ahora el conservador Cameron luce como el mejor discípulo del United Kingdom Independence Party (UKIP), y aunque ellos obtuvieron 4 millones de votos en las pasadas elecciones, su líder Nigel Farage no obtuvo un escaño. ¿Intentará reemplazarlo asumiendo la responsabilidad de apartar una de las democracias más solidas del mundo de la multilateralidad?
