La transición energética justa necesita más dialogo social

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Nuestro gobierno siempre creyó que reprimir a los vulnerables no era la salida a los conflictos. En eso, como en tantas otras cosas, nos apartamos de la tradición política de este país. Por eso trabajamos incansablemente para no repetir eventos como el desalojo de las comunidades de Tabaco y Roche en El Cerrejón, la desaparición de Flavio Castaño por oponerse a la hidroeléctrica de Porce III, la persecución histórica al pueblo U’wa desde los años noventa y otros episodios, caracterizados por el uso de la violencia y no por el diálogo.

Una sociedad más justa y democrática, más viva, es aquella con más y mejores conflictos y además los logra resolver por el camino de la razón. Esto es un mantra que me repito todos los días, que me enseñaron Estanislao Zuleta y Chantal Mouffe y que se hace urgente aplicar en este proceso de Transición Energética Justa donde luchamos por una matriz energética más limpia, y también por una forma distinta de tramitar los conflictos que esa transición inevitablemente iba a generar y seguro seguirá generando: diálogo social en vez de Esmad, participación ciudadana en vez de exclusión.

Cuatro años después, con datos ya sistematizados por el gobierno y por actores independientes del Ejecutivo como la Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores, es posible hacer un balance de si nos quedamos en la retórica, como siempre nos acusan, o si tenemos logros reales.

La evidencia demuestra que sí hubo un cambio de fondo en la forma de gestionar la conflictividad. Como lo explica Temblores, el uso de la fuerza por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes Esmad, cayó de 15% a menos de 5% entre 2024 y 2025. Los casos de violencia policial pasaron de 345 en 2022 a 94 en 2025. En este nuevo contexto no es casualidad que los espacios de diálogo social impulsados por el Ministerio de Minas y Energía hayan crecido 65% entre 2023 y 2025.

Y aunque la conflictividad socioambiental en el país aumentó un 183% en el mismo periodo, esto no debe leerse como un fracaso, al contrario, es un gran logro. Primero, porque es normal que con la transición energética surjan conflictos que antes no existían, pero también porque logramos tramitarlos como prometimos: con acompañamiento institucional, diálogo y razón.

De hecho, el aumento al que hago referencia coincide con un crecimiento en la capacidad institucional para resolver los conflictos: la Defensoría del Pueblo pasó de acompañar 144 espacios de diálogo en 2022 a 384 en 2025. Hubo más protestas, pero también mucha más capacidad estatal de establecer diálogos productivos y lograr acuerdos beneficiosos para el Estado y para la sociedad organizada.

Los resultados concretos son verificables. En Boyacá, el paro carbonero de agosto de 2025 se resolvió con un acuerdo que, según indicadores propios del Ministerio, alcanzó un 86% de cumplimiento en menos de un año, incluyendo el pago de más de $14.000 millones adeudados a pequeños productores.

En Marmato, Caldas, una mesa de diálogo sostenida desde 2023 (con 34 sesiones de trabajo) permitió avanzar en la formalización de cerca de cien títulos mineros tradicionales y dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que llevaba años sin materializarse. Y en mayo de este año, el Estado colombiano pidió perdón público al pueblo U’wa por décadas de imposición de proyectos extractivos sin consulta, cumpliendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2024.

El aprendizaje de este cuatrienio no es que Colombia resolvió su conflictividad minero-energética. Pretender eso sería ingenuo en un país con tantas violencias, desigualdades regionales y problemas. Pero sí aprendimos a lidiar con los desacuerdos sin sangre. La razón y la comunicación fueron nuestras banderas. Le cumplimos a las comunidades cuando prometimos que resolveríamos los conflictos con diálogo.

Nuestra experiencia nos indica que Colombia debería seguir priorizando el diálogo sobre la violencia. Y los escépticos también pueden encontrar una confirmación de esto en la experiencia internacional. Alemania resolvió el problema de la salida de la industria carbonífera con una comisión de diálogo con todos los actores involucrados, no con la fuerza. Canadá resolvió muchos conflictos entre comunidades indígenas y empresas mineras por medio de acuerdos en los que el Estado es un árbitro. La lección es la misma en los casos de Colombia, Alemania y Canadá: cuando el Estado reconoce que el conflicto se puede y debe resolver pacíficamente es más productivo para todas las partes.

Debemos seguir profundizando este enfoque desde la sociedad civil, desde la oposición, y desde las gobernaciones y alcaldías que el progresismo obtenga en las elecciones del próximo año, por el bien del país. Una sociedad preparada para resolver sus conflictos es una sociedad preparada para la paz.

Menciono esto en el contexto de un gobierno elegido que amenaza con acabar con las consultas previas, que parte de señalar a todas las comunidades de actuar de mala fe con el propósito de “bloquear o impedir” el desarrollo. Ojalá no vuelva la política de pasar por encima del pueblo, con violencia, de seguir condenados a repetir nuestra historia.