El Valle aporta, pero no recibe

En la última década Colombia vivió el mayor auge de inversión en infraestructura de su historia. Entre 2012 y 2022 se destinaron $95,6 billones de recursos nacionales para obras en todo el país. La pregunta es: ¿Cómo se distribuyeron?

La respuesta es clara -y dolorosa para el Valle del Cauca-: Antioquia y Cundinamarca concentraron un tercio de toda la inversión nacional (33%), mientras que el Valle, a pesar de aportar casi 10% del PIB, recibió apenas 3% del total.

El porcentaje más bajo entre los grandes departamentos. Exceptuando a Bolívar, ningún otro territorio con peso productivo recibió menos. En otras palabras: al Valle se le negaron más de $6 billones en infraestructura que le hubieran correspondido si la asignación hubiera sido proporcional a su aporte económico.

Mientras el país avanzaba hacia el futuro con grandes proyectos, en el Valle nos quedamos en el pasado, recordando cómo en los 90 tuvimos la mejor red de infraestructura de transporte del país y en este siglo ningún proyecto estratégico se ha culminado. La doble calzada Buga-Buenaventura y la Nueva Malla Vial avanzan lentamente, pero el resto sigue en el limbo: el Tren de Cercanías espera aval, Mulaló-Loboguerrero no arranca, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se aplaza una y otra vez, la profundización del canal de Buenaventura y el Tren del Pacífico no pasan de estudios, y la conexión Buenaventura-Orinoquía quedó en el olvido.

El contraste duele más al ver lo que aporta el Valle. Somos el principal generador de carga del país, con más de 49 millones de toneladas al año (34% del total). Por Buenaventura se moviliza más de 40% del comercio exterior no tradicional, se recauda 25% de los ingresos aduaneros y se generan contraprestaciones portuarias superiores a US$30 millones anuales. Todos esos recursos van a la Nación, pero el retorno en inversión pública ha sido mínimo: ni en transporte, ni en logística, ni en competitividad se ha visto un esfuerzo proporcional.

Este círculo vicioso -el Valle aporta, pero no recibe- limita la capacidad productiva, encarece la logística, resta competitividad a las empresas, frena la generación de empleo formal y afecta el bienestar de millones de ciudadanos. Así se posterga una y otra vez la oportunidad de cerrar brechas regionales y construir un país más equilibrado.

No en vano en 2021 sufrimos el mayor impacto del estallido social, una expresión de la realidad inocultable: las necesidades sociales en ingresos, vivienda, educación y salud en el Pacífico desbordan la capacidad del Valle de generar riqueza. Y en los últimos años la seguridad se ha vuelto insostenible, pues el departamento es epicentro de problemáticas que afectan a toda la región. En esto tiene mucho que ver la manera como se distribuyen los recursos nacionales, no solo en materia de infraestructura, sino también en lo social y en seguridad. Lo que se invierte en el Valle no solo beneficia al departamento: sostiene al Pacífico.

El rezago regional es hoy un obstáculo estructural para el crecimiento nacional. Colombia no puede darse el lujo de seguir marginando al Valle de la inversión pública. Llegó la hora de reconocer, con hechos y no con discursos, la importancia estratégica de esta región para el desarrollo del país. El Valle no pide privilegios, exige justicia en la inversión pública, exige lo que merece.