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Otra Constituyente: ¿Si?, ¿Para qué?

Hacer una Constitución Política es crear toda la institucionalidad de un Estado, es organizar su vida frente a la comunidad internacional, por ello, cuando esa institucionalidad no funciona, nos enfrentamos a un Estado fallido.  

No obstante, la sociedad está en constante cambio, en constante movimiento, lo que se refleja de manera progresiva en la condición humana, de allí que tratar de reglar o reordenar su existencia no es tarea ligera que se cumpla con simples escarceos políticos; por el contrario, se hace necesario impulsar el logro de ambiciosos objetivos y consultar la voluntad del pueblo.

Hoy, cuando está en la palestra pública la propuesta de una convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente surgen forzosas preguntas de cuyo análisis resulta la viabilidad de tan magna empresa.

Lo primero: ¿Para que una Constituyente?

Podría responderse que para resolver las debilidades de la función judicial del Estado colombiano, venida a menos por su lentitud para cumplir con los requerimientos de justicia que le hace la Nación, se añade, la necesidad de ‘resetear’ la calidad de quienes tienen esa responsabilidad judicial que quedó en entre dicho con el deplorable episodio de la reforma a la justicia.

Y si a eso le sumamos la falta de recursos financieros que es evidente por los cambios que Colombia sufre, especialmente, como consecuencia de la cultura de la violencia que impacta a nuestra sociedad, el panorama parecería justificar esa nueva Constituyente.

Podría considerarse también que la convocatoria la sustenta el hecho de que nuestro ordenamiento territorial no corresponde a las necesidades de la población ubicada fuera del círculo de poder central cuyas acciones hacen distante al gobierno nacional de quienes esperan soluciones de interés general.

Ellos y ellas, los que no son el centro del país, se sienten frustrados y frustradas, sin salida, especialmente, cuando el poder central se ha manifestado abiertamente contrario a la reglamentación de normas a las que están obligados, para definir el alcance de la autonomía de las regiones.

Una tercera motivación que podría considerarse para la conformación de una nueva Asamblea Constituyente son los ajustes en la integración y representatividad del Congreso de la República para fortalecer la democracia debido a que es inaudito que regiones de Colombia no tengan representación en el Parlamento.  

En ese mismo sentido, los órganos de control también requerirían reformas, de igual manera pudiese haber más aplicables al Ejecutivo.

Sobre esta última se generan discusiones políticas bajo la presunta reforma del artículo 197 de la Carta, que hoy no permite la reelección por más de un periodo y que tales cambios llevaría a anular la reelección presidencial en cualquier forma o en periodos no consecutivos, lo cual, afectaría la reelección del actual presidente si ella estuviera entre sus planes.

Podrían surgir también otras propuestas que bajo las circunstancias políticas actuales cobrarían gran interés.

Otro aspecto por resolver es el cuándo, porque si bien el Congreso tiene las facultades para aprobar la ley que convoque la votación popular para decidir la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, la voluntad del Ejecutivo actual es de mucha importancia,  en la medida que su negativa a tal propuesta generaría más conflictos que los que se tratan de resolver, como la sanción de la ley de convocatoria, la logística de las elecciones, el manejo del orden público, entre otros.

Por último, no es de menor importancia considerar que las numerosas reformas a la Constitución del 91 no muestran una dinámica para fortalecer al Estado sino un desorden político y una casuística poco acertada como lo ha sido en la recentralización del poder público.

En fin, motivos para mejorar la institucionalidad del Estado colombiano los hay, pero, sin la voluntad del Ejecutivo no vemos aconsejable esa convocatoria ni tampoco justificarla para bajar la temperatura al conflicto de las dos fuerzas presidenciales en las que estamos inmersos.