La independencia del Juez, fundamento de democracia moderna

La prolongada huelga de los servidores y funcionarios públicos de la rama judicial en Colombia invita a reflexionar sobre su posible deslegitimidad frente al Estado Social de Derecho que nos rige.

Es una verdad incuestionable que en la moderna tradición política y jurídica occidental, la independencia del poder judicial constituye un valor superior de todo el ordenamiento institucional de los Estados democráticos actuales. Esto no admite discusión.

¿Puede concebirse un Estado Democrático sin la independencia del juez? La respuesta correcta es solo una. No. Y la razón principal está en que su independencia refleja la ejecución misma de los derechos; en otras palabras: el juez dice lo que el derecho es, o debe ser.

En la obra, Arte del Derecho, (Seis meditaciones sobre el Derecho), el connotado jurista, Francesco Carnelutti, aconseja: “(…). No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien pensad en el Juez, que es verdaderamente la figura central del Derecho”.

Agrega: “Un ordenamiento jurídico se puede conseguir sin reglas legislativas, pero no sin jueces (…) Es bastante más preferible para un pueblo el tener malas reglas legislativas, con buenos jueces, que no malos jueces con buenas reglas legislativas”.

La huelga invita a que el Estado y la sociedad repiensen lo que significa el poder judicial en una democracia moderna. Sin la garantía de la independencia del juez, lo que está en peligro son los derechos, las libertades, la democracia y el Estado Social de Derecho.

Indiscutible el reclamo de los funcionarios y servi- dores del poder judicial, justísimo  su origen, pero cuestionable  su prolongada duración. La huelga  pone de presente la debilidad del Estado Social de Derecho, una debilidad que salta a la vista  y que ilustra muy bien aquella frase que asegura que ¨Un poder sin poder, no es poder¨.

El mensaje que transmite la huelga a la opinión pública es la reiterada idea de que las leyes en el país no se cumplen. Si analizamos la situación, lo que reclama el poder judicial es simplemente el cumplimiento del ordenamiento jurídico, pero el ejecutivo no lo hace.

Si lo jueces, como agentes responsables de hacer respetar y cumplir las normas por mandato constitucional no son capaces de eso, el mensaje que se envía a la sociedad es que los derechos están a la deriva.

Es por este motivo que la huelga pone de relieve un hecho contundente: la debilidad de nuestro Estado        Social de Derecho. El Ejecutivo y el Legislativo han tenido serios problemas en esta materia de la administración de justicia.

Un poder judicial se fortalece con la garantía de que las desigualdades verticales y horizontales que existen dentro de sí, relacionadas con el régimen salarial y de prestaciones sociales, sean corregidas.  Que  no se auspicie la desigualdad no razonable como ocurre en la actualidad.

El asunto no se reduce única y exclusivamente al régimen salarial. Este es apenas uno de tantos. El poder judicial sigue siendo visto como algo lejano por el ciudadano de  a pie, peor, si el ciudadano es el de las regiones. Todavía se escucha y se cree como una verdad de a puño que ‘la justicia es para los de ruana’.

La huelga tiene que ser la oportunidad para hacer un debate mayor, por ejemplo, ¿Qué sentido tiene o puede tener que el Consejo de Estado siga siendo segunda instancia en los procesos que deberían ser resueltos en las regiones? Este modelo congestiona la justicia.

Revisar el modelo de la administración de justicia, centralizado al extremo, condujo y sigue conduciendo a la congestión y la impunidad. Esta es una tarea inaplazable. El modelo de un Estado de Autonomías Regionales es una alternativa para la justicia oportuna. ¡La justicia es oportuna o no lo es!