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Corrupción: ¿lema de campaña?

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Hace más de tres años dos agentes federales de la policía brasileña, se llevaron una gran sorpresa cuando siguiendo a un lavador de dinero, encontraron cerca de una gasolinera, que no lavaba autos, la punta del iceberg del mayor escándalo de corrupción de América Latina que toca a expresidentes, funcionarios, políticos y contratistas de Brasil, México, Perú, Ecuador, Argentina y otros, con ramificaciones en Suiza, Estados Unidos y paraísos fiscales. Lo rescatable de la operación “Lava Jato” es la diligencia y decisión con que agentes, fiscales y jueces, apoyados por periódicos y periodistas, han actuado para desenredar la gigantesca trama delictiva.

Aquí, los efectos del tsunami brasileño ya tienen dos  personajes en la cárcel, y muchos más en lista de espera. El escándalo Odebrecht es uno más de lo cientos de escándalos que  a diario ocupan la agenda nacional, saturada de noticias sobre el asalto constante y permanente a los dineros públicos. La opinión está francamente fatigada y los políticos resolvieron, como lo hacen a menudo, ladinamente, montarse en la onda de moda, rasgarse las vestiduras y con cara de asombro pedir a gritos la eliminación de la corrupción.

La Andi acaba de publicar un estudio que confirma lo que todo el mundo sabe o sospecha: los delincuentes, de cuello no tan blanco, se han ensañado con la salud, aduanas, transporte, minería, ambiente y educación, destacándose las corporaciones regionales ambientales como las campeonas de la corrupción. De otra parte, la Cámara Colombiana de Infraestructura sigue arando en el mar, denunciando insistentemente el matrimonio perverso: política- contratos, que entrega el 96% de la contratación de entidades  públicas y el 76% de la departamental, a oferentes únicos, con lo que se conoce popularmente como pliegos sastre, hechos a la medida de quienes financian campañas políticas o pertenecen al cartel de contratistas que, la mayoría de dirigentes políticos, tienen y muestran impúdicamente.

La operación “Lava Jato” ha mostrado que, sin una prensa libre y comprometida, no es posible denunciar la corrupción. La nuestra, particularmente en las regiones, está amordazada, pues depende económicamente de la pauta oficial que manejan alcaldes gobernadores y políticos. Ahí no hay nada que hacer. El compromiso debe venir de los organismos de control de orden nacional, dado que las contralorías departamentales son simples apéndices de los grupos políticos y de los mandatarios seccionales que las manejan a su amaño y no son garantía de nada. Maya Villazón, el contralor, tiene razón: deben desaparecer, para ahorrarle ese dinero a las regiones.

Frente a la impotencia ciudadana, la complicidad de las contralorías y la inexistencia del control político, los organismos de control deben desplegar toda su capacidad investigativa, mejorando herramientas técnicas, sin esperar la denuncia ciudadana, hasta ahora, inexistente y amedrentada; de lo contrario, los corruptos seguirán gozando de cabal salud.

Los $22 billones que nos cuesta la corrupción, se pierden con la complicidad del Gobierno, que ha resuelto hacerse el “de los crespos” frente a temas como la mermelada que, en todos los últimos gobiernos, se ha utilizado para comprar votos y pagar favores. No tiene razón la Oficina de Transparencia de la Presidencia cuando afirma que no se puede vincular al Gobierno nacional al fenómeno de corrupción en la contratación. Eso no es cierto. Los parlamentarios obtienen partidas del Gobierno; y con su aval, son giradas a sus secuaces y cómplices en alcaldías y gobernaciones. Lo demás es simple carpintería, y el contratista elegido es el encargado de hacer la partija y cerrar con broche de oro la corrupta maniobra.

Si el Gobierno insiste en eludir responsabilidades, el barullo armado, se silenciará por sustracción de materia y la corrupción será simple lema de campaña, utilizado por los mismos autores y actores para rasgarse las vestiduras, posar de catones y hacerse elegir nuevamente; pero recuerden, la ciudadanía está fatigada.

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