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La gratuidad de la matrícula en las Instituciones de Educación Superior, IES públicas, representa un logro innegable en términos de equidad, sin embargo, la cifra de matrícula en las IES públicas es 35% de la población entre 17 y 21 años (MEN, 2024). Otro 28% se matrícula en IES privadas. Queda entonces un 37% de jóvenes en ese rango de edad, -cerca de un millón quinientos mil- que permanecen por fuera del sistema.
La plenaria de la Cámara de Representantes discutirá en segundo debate, el Proyecto de Ley No. 587 de 2025, reforma estructural al Icetex. Tras examinar con detenimiento la exposición de motivos y el articulado, surge una pregunta inevitable: ¿Esta iniciativa logrará que 37% de la población entre 17 y 21 años, que está por fuera del sistema, pueda matricularse, y además, que quienes ya están matriculados, permanezcan y se gradúen? Lamentablemente la respuesta es negativa: con el texto actual, los principales problemas del sistema permanecerán sin resolverse.
El proyecto contempla medidas como el crédito social, la condonación parcial de deudas, el alivio en intereses moratorios, la adopción del pago contingente al ingreso, la redefinición de criterios de acceso con base en el Sisbén y la creación de fondos especiales de alivio. Son avances necesarios que responden a reclamos históricos del estudiantado.
Sin embargo, su implementación no requeriría de una nueva ley, como tampoco lo ha sido para recortar el presupuesto de la entidad y acabar con el subsidio a las tasas de interés para todos los créditos en etapa de amortización, perjudicando, con esta arbitrariedad, a más de 234.000 estudiantes y egresados.
La construcción de un Icetex con territorialidad para la multimodalidad, tampoco se conseguiría con esta ley, no obstante que en el artículo 20 se señala que: “el Icetex adoptará una política de territorialización con enfoque diferencial e interseccional, que garantice el acceso equitativo a la educación superior en todas las regiones del país, con especial atención a las zonas más alejadas, aquellas con menores indicadores de cobertura educativa y en las poblaciones con protección constitucional.”
El proyecto de ley, también ignora experiencias y desaprovecha el potencial de iniciativas como Digicampus en el Valle del Cauca, el Fondo Fest en Bogotá o el Fondo Futuro en Antioquia que han demostrado que es posible articular recursos territoriales, de regalías, aportes del sector privado y de las universidades regionales, que les ha permitido incluso, avanzar en esquemas de gratuidad en las IES privadas.
El Congreso tiene la posibilidad de otorgarle un alcance más ambicioso al proyecto: construir un Icetex con auténtica territorialidad, con instancias regionales de decisión, esquemas de cofinanciación flexibles que fortalezcan el sistema mixto y le apueste decididamente a la multimodalidad. Actualmente, la multimodalidad es una opción estratégica para los jóvenes, pues les permite combinar flexibilidad curricular, entornos físicos y digitales, calidad académica y costos más accesibles.
Frente a la rigidez de la presencialidad, la multimodalidad ofrece oportunidades reales para ampliar cobertura con pertinencia. Avanzar en esta dirección respondería a una demanda histórica, pero además, proyectaría un sistema de educación superior más inclusivo, innovador, capaz de transformar los territorios.
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