Un proyecto criminal

Desde que se revelaron los Petrovideos y los Pactos de La Picota se hizo evidente que el proyecto del Pacto Histórico tenía todos los elementos de un plan de captura criminal de las instituciones y de la democracia. La acumulación sin precedentes de investigaciones judiciales en el entorno más cercano del presidente Petro, el nombramiento persistente de personas con procesos judiciales en cargos clave y el uso abusivo de las instituciones, con actuaciones por fuera de la ley como el decreto del salario mínimo o las emergencias económicas con impuestos saqueadores, dan cuenta de que enfrentamos el mayor desafío a la democracia en las últimas décadas. Es lo que expresaba Charles Tilly cuando se refirió al “Estado como una forma de crimen”.

A menos de cuatro meses de que Petro entregue el poder, el balance judicial de su gobierno no tiene antecedente comparable en la historia reciente de Colombia. No se trata de casos aislados ni de funcionarios periféricos: las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral alcanzan directamente a ministros, exministros, directores de entidades, el presidente de Ecopetrol, superintendentes, embajadores, interventores de EPS, jefes de inteligencia y a su familia.

En el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, de comprar apoyo legislativo en el Congreso. A ellos se suman Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, todos presos, y Carlos Ramón González -exdirector del Dapre y del DNI-, prófugo en Nicaragua con circular roja de Interpol.

El caso de la campaña presidencial de 2022 compromete a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, quien enfrenta dos imputaciones: una por tráfico de influencias y otra por violación de topes electorales. Armando Benedetti, actual ministro del Interior, acumula al menos cuatro procesos en la Corte Suprema, incluidos enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades en la financiación de esa misma campaña.

En el sector salud, el panorama es desolador. Tres superintendentes nombrados por Petro enfrentaron investigaciones; la Procuraduría ha suspendido a cinco interventores de EPS en lo corrido de 2026, mientras investiga a más de diez por negligencia. El nombramiento de Jorge Iván Ospina -con 26 investigaciones acumuladas entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- como interventor de Nueva EPS, y de Daniel Quintero en la Superintendencia, con más de 43 investigaciones y una acusación en curso, ratifica un patrón en el que la cercanía política prevalece sobre la idoneidad.

Pero quizá el frente más inquietante para la seguridad del Estado es la infiltración de las agencias de inteligencia. Wilmar Mejía habría compartido información confidencial con organizaciones ilegales. Lo que sucedió después desafía toda lógica institucional: el Gobierno Nacional lo nombró nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Jorge Lemus salió por las grabaciones con el abogado de “Papá Pitufo”, y el gobierno los rota entre cargos directivos. Los acuerdos de la Paz Total resultaron ser una agenda de tratos oscuros con los capos de Itagüí, Calarcá y el ELN.

Lo que revelan estos expedientes, y como se había anticipado desde la propia campaña, no es simplemente una administración con problemas de corrupción, sino una acción deliberada de uso del poder y del presupuesto dirigida a capturar la democracia para montar un Estado criminal.