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El país está enfrentando un conjunto de crisis con efectos inmediatos y de largo plazo derivadas de falta de gobierno de las instituciones que ha creado la democracia para la prestación de los servicios y bienes públicos de los que disponemos los colombianos para poder desarrollar nuestros derechos fundamentales.
La crisis de carencia de recursos en las EPS y los hospitales se derivan del incumplimiento del Gobierno del mandato legal de establecer una Unidad de Pago por Capitación UPC solvente. No ha entendido que su primera responsabilidad es gestionar el sistema de salud que tenemos, el que este Gobierno propone tiene que ser aprobado primero por el Congreso y cumplir los marcos constitucionales. Mientras tanto, la falta de gobierno está destruyendo por insuficiencia financiera a las entidades y generando desatención y muertes.
Un caso crítico para los ciudadanos es el seguro de accidentes de tránsito Soat. Se sabe desde hace varios años que requiere ser reformado, pues se convirtió en un esquema de corrupción y tiene traslapes inconvenientes con los seguros de salud y de accidentes profesionales. Se debería gobernar con estudios, análisis y soluciones, no con bandazos y contradicciones de los funcionarios.
El Gobierno no entiende qué son riesgos y cómo son los modelos con que la sociedad ha aprendido a gestionarlos. Que el Estado quiera asumir el riesgo no hace que éste desaparezca, lo que logra es que se incrementen la ocurrencia y los costos por su mala gestión. La pérdida de la salud o los accidentes son eventos emergentes, son riesgos y la reforma a la salud propuesta está 70 años atrasada en la historia y hará un daño profundo a la sociedad.
La energía eléctrica es un recurso fundamental para el bienestar y la competitividad del país. Cada año crece su consumo en 600 MW de capacidad hidráulica o 2.400 MW solares de generación. Requerimos de un proyecto como Hidroituango cada cuatro años y no los estamos construyendo. La crisis que tenemos es una crisis de capacidad por los desaciertos del Gobierno y pagaremos muy caro su falta de entendimiento del problema. La falta de Gobierno la expresa el oficio de la Procuraduría en que conmina al Gobierno para que nombre a integrantes de la Creg y al Viceministro. Entre tanto, se precipita una falla financiera sistémica en el sector.
Crisis similares se tienen en infraestructura y vivienda, que tienen paralizadas las inversiones por la destrucción de los marcos institucionales que habían generado una década de avance para el país. La inversión se paralizó en todos los sectores.
El bien público por excelencia es la seguridad. La crisis de seguridad en las ciudades se traduce en extorsiones y robos que tienen agobiada a la población. La situación es aún más grave en el campo.
Las actividades ilegales se han apropiado de regiones enteras del territorio y las invasiones a propiedades han vulnerado por completo los derechos de propiedad y seguridad que tiene la población.
No hay ni Gobierno ni fuerza pública y la paz total se convirtió en un camino de desinstitucionalización del país. El Presidente y los ministros no parecen ni entender su oficio, ni cómo funciona una sociedad y su sistema económico.
