Irresponsabilidad social del Pacto

La reforma laboral es un acto de enorme irresponsabilidad social. Solo superada por la destrucción del sistema de salud. Colombia tiene un régimen laboral fallido en el que se mantienen por décadas niveles de desempleo por encima de 10%, y solo 40% de la población tiene una vinculación formal, el grueso de la población tiene ingresos por debajo del salario mínimo, y la seguridad social en salud y pensiones termina estando a cargo del Estado. Lo único responsable deberá ser el archivo de la reforma.

La pretendida reforma promovida por el Pacto Histórico tiene como motivación atender las aspiraciones de los sindicatos que apoyaron y financiaron ilegalmente la campaña de Petro. Por esto, parte importante de la reforma está dirigida a dar prerrogativas y derechos excesivos para la conformación de sindicatos. Decir con arrogancia que esta reforma no es para generar empleo, sino para devolver los derechos perdidos, expresa la visión saqueadora de los sindicalistas del Pacto Histórico. El Pacto llegó para saquear y abusar del país.

La reforma tendrá efectos negativos sobre la ya muy limitada capacidad de competir del país en los mercados internacionales. Una evidencia de lo difícil que es producir en el país es que las multilatinas colombianas se han expandido en sus operaciones en otros países, incluso en Estados Unidos, y no aquí. Esto impacta directamente nuestra capacidad de generar empleo de calidad y el efecto de la reforma será mayor informalidad y, con ello, más pobreza y precarización del trabajo.

Este tipo de reformas terminan siendo profundamente regresivas. Las pretensiones que se han tenido de proteger progresivamente a la mujer lo que han terminado haciendo es precarizar su situación en el mercado laboral. Para un empleador es más costoso y riesgoso contratar mujeres.

En el mercado laboral ahora las mujeres están teniendo que enfrentar menores salarios y mayor desempleo. Esto ocurrirá también con lo que pretende la reforma, sus enormes costos los pagará la sociedad con mayores precios por los bienes y servicios, menos empleos, mayor informalidad y más barreras para la creación de empresas y empleos. Los empresarios simplemente ajustarán sus nóminas y estructuras de precios y costos para seguir siendo viables. Los costos los asumimos los consumidores.
Una profunda transformación al régimen laboral del país es fundamental.

Debe atender los problemas centrales que se evidencian en el sistema: la baja productividad y la poca competitividad laboral, la persistencia de relaciones laborales informales y de bajo ingreso, la no generación de empleos formales y lo que, a su vez, se convierte en una restricción para la creación y la supervivencia de las empresas.

La estrategia es simple. Los subsidios deben convertirse en incentivos para el empleo. Una experiencia positiva fue el incentivo al empleo juvenil implementado luego de la pandemia. Igual se debe hacer con las cargas laborales en salud, pensiones, parafiscales.

Esto debe acompañarse de una flexibilización del sistema laboral desde los periodos de contratación hasta el pago por horas laboradas. El empleo se asegura con una economía innovadora, capaz y competitiva. Esta reforma nos hunde más en una trampa de subdesarrollo en la que estamos desde hace siete décadas.