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Analistas 26/01/2022

La necesidad de un RUNT en tiempo real

Didier Tavera Amado
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

El proceso de licitación pública abierto por el Gobierno para contratar los servicios de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y gestión de la información del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) representa una oportunidad dorada para perfeccionar un modelo que les permitirá a los departamentos y al Distrito Capital fortalecer los ingresos fiscales.

La clave para aprovechar esa oportunidad en beneficio de los intereses de las regiones y el bienestar de sus habitantes estará en el establecimiento de un sistema gratuito, en línea y en tiempo real -nada utópico en el mundo interconectado de hoy- que les permita a las entidades territoriales disponer de información oportuna y confiable para determinar, liquidar, recaudar y cobrar el impuesto sobre vehículos automotores. Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente la restricción ha obligado a algunos departamentos a suscribir convenios e incluso pagar al RUNT para que le entregue la información completa, cumpliendo con los requisitos de calidad y en los tiempos requeridos para hacer una gestión efectiva de este impuesto.

Para entender la importancia de la iniciativa, la información más reciente consolidada en el Formulario Único Territorial (FUT) evidencia que ese impuesto representa hoy, con un 13,6%, la tercera fuente más importante de ingresos para los departamentos, superada solo por el impuesto al consumo de cervezas, que significa el 21,3%, y el de estampillas, equivalente al 14,6 por ciento. Así las cosas, el impuesto sobre vehículos permitió, entre enero y septiembre del año pasado, recaudos por $1,03 billones. Cifra que remarca la importancia de tener en cuenta esa fuente de recursos y su optimización.

Es necesario entender también la manera como ese impuesto, que constituye una renta nacional cedida en un 80% a los departamentos y un 20% a los municipios, podría estarse viendo distorsionado de manera no deseable por las actuales restricciones y demoras en el acceso a la información. En efecto, por disposición de la Ley 1919 de 2016, el Ministerio del Transporte entrega anualmente, en medio magnético, la información para que los departamentos y el Distrito Capital se aseguren de la liquidación, recaudo y control pertinente. Lo hace antes de cada 31 de diciembre. Sin embargo, el hecho de que la información sobre el RUNT se envíe solo una vez al año no garantiza la fidelidad en el cálculo del impuesto porque los trámites relacionados con el parque automotor se producen a diario y, en esas circunstancias, escapan al cabal conocimiento de los territorios.

La Federación Nacional de Departamentos le ha pedido entonces al Ministerio del Transporte el acceso permanente y gratuito a la información que reposa en el RUNT para perfeccionar técnicamente el modelo y para que éste no siga siendo una herramienta centralizada, sino que, por el contrario, por medio de su consulta se convierta en una fuente de información que contribuya a fortalecer la capacidad fiscal de las regiones y por ende su crecimiento y desarrollo.

Se trata de una propuesta racional y a costo cero, cuya acogida generaría beneficios tangibles. No se requiere de reformas complejas que deban recorrer sinuosos caminos legales y administrativos. De hecho, con la información del RUNT en línea y en tiempo real habrá cada día menos motivos para desatar pleitos contenciosos entre el ciudadano y el Estado en materia tributaria. Se trata de adoptar un sistema que haga ágil el flujo de información y más confiable el recaudo. Los cambios nada tienen que ver con una “política fiscalista”, sino por el contrario, más eficiente y con un positivo impacto social porque permitiría disponer de mayores recursos para ejecutar las obras que la ciudadanía necesita para mejorar su calidad de vida. La clave está en no desaprovechar la coyuntura que hoy nos ofrece el proceso licitatorio para ajustar un modelo del que podremos sacar mayores oportunidades y una mejor gestión pública fiscal y administrativa.

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