El milagro es: asegurar la inversión

Colombia tiene hoy sobre la mesa dos cifras que deberían preocuparnos. La primera: el Departamento Nacional de Planeación (DNP) calcula que la reconstrucción después del terremoto puede costar aproximadamente $40 billones de pesos, es decir, cerca de 2,2 puntos del producto interno bruto (PIB). Solo en ciudades como Cali y Pereira se requieren más de $10 billones de pesos. La segunda: el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoció un déficit superior a $106 billones de pesos, después de cuatro años de gasto desbordado.

Pretender que toda la reconstrucción puede financiarse con recursos públicos sería desconocer la realidad fiscal del país. El presupuesto general de la nación no tiene capacidad para asumir por sí solo la reconstrucción de cinco departamentos y, además, responder por un sistema de salud en crisis, obras sin terminar, fuerzas militares desfinanciadas, la sobrecontratación estatal y la olla raspada de las finanzas públicas. La pregunta, entonces, es bastante sencilla: ¿de dónde va a salir la plata?

Es importante que seamos conscientes de que cada peso que se asigne a un sector hará mucha falta en otro. Sostener la falta de recursos implica fortalecer la estrategia más importante pero más abandonada en los últimos cuatro años: atraer la inversión privada.

Durante el último gobierno se cometieron varios errores para fortalecer la confianza inversionista. Es difícil pedir que traigan su capital a Colombia mientras desde el Estado los amenazamos, directa o indirectamente, con que las reglas pueden cambiar en cualquier momento.

Desde agosto de 2022, Colombia no ha firmado un solo contrato nuevo de exploración de petróleo y gas. En ese mismo período, Brasil firmó 185 y Perú, 13. La inversión extranjera directa cayó 12,3% en el primer semestre de 2026. En petróleo y minería, sectores que siguen concentrando buena parte del capital que llega al país, la caída fue de 5,4%; en el resto de la economía alcanzó 32%.

El problema no es la falta de oportunidades ni de recursos naturales, sino de reglas claras. El régimen de mega-inversiones, que debía sustituir los contratos de estabilidad jurídica, terminó en 2022. Desde entonces, Colombia no cuenta con un mecanismo que garantice que las condiciones bajo las cuales se realiza una inversión se mantengan en el tiempo. A esto se suma que 82,7% del territorio nacional quedó cubierto por instrumentos de ordenamiento territorial expedidos mediante decreto que, en la práctica, pueden restringir la actividad productiva incluso en zonas donde ya existen inversiones. Por otro lado, es importante resaltar que la seguridad y la defensa importan y el gobierno hace bien en priorizarla. Pero recuperar el control territorial mientras mantenemos incertidumbre sobre las reglas económicas y fiscales sería hacer solamente la mitad de la tarea. Quien piensa invertir cientos o miles de millones de pesos no mira únicamente un mapa de riesgo de orden público. También necesita saber qué impuestos pagará, qué normas deberá cumplir y, sobre todo, si las condiciones esenciales bajo las cuales tomó su decisión seguirán existiendo a largo plazo.

Eso se llama seguridad jurídica, y Colombia necesita recuperarla. Por esa razón, radicamos un proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Contratos de Estabilidad Jurídica Sectorial, una herramienta diseñada para devolverles certeza y confianza a quienes deciden invertir en el país. No estamos inventando una figura desconocida ni improvisando una nueva fórmula. Estamos retomando y actualizando, a partir de las lecciones aprendidas, un instrumento que Colombia ya tuvo entre 2005 y 2012, adaptándolo a las necesidades y desafíos actuales.

Nuestra propuesta contempla contratos de estabilidad jurídica con una vigencia de entre diez y veinte años, que permitan garantizar reglas de juego claras, previsibles y estables para la inversión. Además, su alcance no se limitaría al sector minero-energético, fundamental para recuperar la soberanía energética del país, sino que se extendería a sectores estratégicos como tecnología e innovación, infraestructura y salud.

El mensaje que queremos enviar es sencillo: quienquiera apostar por Colombia, generar empleo y apostarle al desarrollo del país debe tener reglas claras y garantías para su dinero. Necesita empresas invirtiendo, proyectos de infraestructura, capital llegando a las regiones, empleos formales y sectores productivos capaces de generar los recursos que después el propio Estado necesita para financiar sus obligaciones.

La Patria Milagro es, entre otras cosas, la promesa de una Colombia que crece, se fortalece y construye el marco institucional necesario para garantizar condiciones de confianza, estabilidad y seguridad para la inversión.