Hechos, no palabras

Tan llamativo es el silencio de muchos poderosos en el mundo frente a la situación venezolana, como el número de ciudadanos que han dejado el país, más de cinco millones en los últimos siete años.

Una inmensa mayoría está en Colombia, tantos otros en Brasil, Perú, Estados Unidos y España. Huyen de la violencia, la inseguridad y las amenazas, buscando futuro, alimentos, medicinas y servicios esenciales.

Según Naciones Unidoas, ésta se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo que recientemente obligó al Gobierno de Colombia a crear un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.

Sin duda, es una decisión humanitaria, propia de la caridad política, díficil de implementar y costosa para un país que no tiene altos niveles de bienestar, tal como lo expresó el Papa Francisco, al conocer del nuevo Estatuto: "Y esto no lo hace un país muy rico, super desarrollado. No, lo hace un país con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz y casi 70 años de guerrilla. Pero incluso con estos problemas ha tenido el valor de mirar a estos migrantes y hacer este Estatuto. ¡Gracias a Colombia! ¡Gracias!".

Por encima de discusiones ideologías y politiqueras, propias de quienes hoy gobiernan en Venezuela, el presidente Iván Duque ha demostrado al mundo que su discurso en defensa de la dignidad humana y los derechos ciudadanos hacen parte de su compromiso con hechos, sin retórica, sin pose ni reclamación.

Se trata de un esfuerzo fraterno que hace Colombia como país que lucha por defender los derechos humanos y poder enfrentar un grave problema que afecta, en primera línea la vida de ancianos, niños, mujeres en embarazo y personas con alguna discapacidad.

La implementación del Estatuto es también desafío de transparencia y eficacia en medio de la urgencia humanitaria, las amenazas del régimen de Maduro contra Colombia y por desgracia el silencio de muchos poderosos que no creen en la democracia venezolana, pero sí le apuestan a jugosos negocios en ese país.

Pueda ser que el nuevo gobierno de Estados Unidos, así como Rusia, China y otros países de Europa, ayuden a financiar los gastos de adaptación del Estatuto y que denuncien la permanencia en territorio venezolano de terroristas y narcos del grupo ELN y de otros que incumplieron el pacto que, en 2016, firmó Juan Manuel Santos con las Farc.