Violencia de palabra, violencia homicida

El atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay no puede ser interpretado como un hecho aislado, ni reducido a un evento más de inseguridad. Es una profunda herida que penetra el corazón de la democracia colombiana. Ocurre en un momento donde están amenazadas las instituciones, donde la palabra ha sido pervertida y ha degenerado en violencia ideológica y política.

Esta acción no solo busca callar la voz opositora. Es un síntoma claro de la crisis de legitimidad y de orden institucional que vivimos. Resulta fundamental que este hecho y las recientes decisiones que abusan del poder, como la consulta popular por decreto o la disfrazada reforma tributaria impuesta por decreto hace una semana, sean objeto de estricta observación internacional. Este acompañamiento no es desconfianza gratuita, sino una necesidad para garantizar la democracia y en este atentado, imparcialidad y justicia.

No es casualidad que este atentado llegue tras el ambiente encendido por la postura del senador Uribe Turbay, quien anunció su intención de denunciar a los ministros que respalden el “decretazo” de la consulta popular, violando el orden constitucional y legal, por encima de los poderes legislativo y judicial. El presidente Petro respondió desde su cuenta en X, no con un argumento jurídico, sino con una diatriba política, habiendo acusado previamente a su abuelo de homicida. Terrible, egocentrismo y obstinación absoluta. Esa violencia de la palabra, desde el gobierno y sus seguidores, termina incubando la violencia homicida.

La historia reciente del país enseña que cuando el verbo se incendia, la pólvora no tarda en encenderse. Este atentado recuerda trágicos episodios como los ataques en los años noventa durante la guerra de los carteles, o en 2002, cuando el conflicto armado interno alcanzaba su punto más álgido. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo: momentos de alta tensión institucional, desconfianza y desgobierno.

Este es un momento en que debemos respaldar a gobernadores y alcaldes que enfrentan solos con la ciudadanía y su Fuerza Pública, la inseguridad, los llamados a la desobediencia, a los paros, a la protesta violenta, al ataque de palabra, a la persecución política y judicial. Es hora que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sienten una fuerte y ejemplarizante postura republicana y revise jurídicamente un evidente estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad. Lo que está en juego no es solo la integridad de un candidato: es la continuidad del sistema democrático con condiciones y garantías mínimas para el ejercicio de la libertad y de nuestros derechos.

Este caos exige urgentemente activar los poderes públicos. Desde las altas cortes, hasta el Congreso y los órganos de control: Procuraduría y Defensoría, deben pronunciarse y actuar en derecho, en un solo tono: no más violencia política, no más abuso de poder mediante “decretazos” y llamados a violencia en las calles. No más permisividad frente a la degradación institucional.

Frente a este ataque, el Gobierno Nacional tiene dos caminos: seguir obstinado con la consulta popular, imponiendo una agenda plebiscitaria en medio del caos o escuchar el clamor de un país que exige seguridad antes que ideología. La campaña presidencial apenas comienza. Si este es el prólogo, ¿qué puede esperar la ciudadanía de aquí a un año? ¿repetir la violencia de la época de los carteles?, ¿esa que aprovechan los criminales por el estado de impunidad, producto del mensaje lisonjero con la delincuencia, que los tiene envalentonados? La historia enseña que, en medio del caos, los grupos ilegales pescan en rio revuelto y producen más violencia, aprovechan la confusión, el desorden y la falta de gobierno.

Exigir garantías plenas de seguridad para todos los candidatos, gobernadores y alcaldes, periodistas, veteranos de las fuerzas armadas, víctimas del conflicto y opinadores no es un favor, es un deber constitucional. La Fuerza Pública debe recuperar su lugar como garante de derechos y libertades, su liderazgo en la conducción estratégica de la seguridad pública y en este propósito, la voz de la sociedad es fundamental para reclamar al gobierno, que le otorgue la dignidad constitucional que le corresponde, frente al desmérito, irrespeto y persecución jurídica a la que ha sido sometida, debilitándola como un testigo impotente del caos.

Cuando una bala apunta a un candidato, un gobernador o alcalde, un juez o fiscal, un soldado o policía, atraviesa la libertad y el orden. Colombia ya vivió este libreto de terror. No repitamos el error de la indiferencia, no se lo dejemos “a los demás”, no más pasividad. La democracia se defiende con instituciones fuertes, con justicia imparcial, con ciudadanía viva y activa, con respeto a la vida y la opinión.

Me uno en solidaridad a María Claudia y Alejandro, esposa e hijo de Miguel y a los millones de colombianos que oramos por su vida. Fue mi compañero de estudios en la Universidad de Los Andes, en plena pandemia, es un excepcional ser humano que no quiere que los colombianos vivamos más la tragedia de la violencia que le arrebató a su madre. Oro también por aquellos que sufren la persecución en la búsqueda de justicia y quienes se resisten al abuso de poder, a quienes opinan y defienden la institucionalidad. Si Dios con nosotros, quién contra nosotros. Fe, firmeza y trabajo. Sin titubeos, con decisión y esperanza.