El FMI no reemplaza el ajuste fiscal

La solicitud para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) inicie una evaluación de la economía colombiana no significa un rescate financiero ni que el organismo asuma su manejo. Es una de las tantas acciones que deben tomarse con urgencia para buscar alternativas estructurales que eviten el colapso fiscal en unos años. La ecuación es simple: la posibilidad de acceder a una Línea de Crédito Flexible como mecanismo preventivo dependerá de compromisos explícitos de ajuste fiscal por parte del gobierno, pero también de tomar decisiones drásticas que recuperen el rumbo de la economía.

Colombia es miembro de este organismo multilateral desde 1945 y acudiría a esta medida por cuarta vez. El primer gran antecedente de este mecanismo fue en 1999, cuando Colombia suscribió un servicio ampliado del Fondo por aproximadamente US$2.700 millones, en medio de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia reciente. Ese año, el país enfrentaba una combinación de recesión, crisis financiera y déficit fiscal. El acuerdo con el FMI formó parte de una estrategia de estabilización y reformas. Luego vinieron los acuerdos Stand-By de 2003 y 2005, con renovaciones durante la pandemia, cuando se realizó un desembolso efectivo de esa línea por US$5.400 millones. A finales del año pasado, el país decidió cancelar anticipadamente el acuerdo.

En 2025 el déficit del gobierno nacional central fue de 6,4% del PIB. Según las proyecciones, podría alcanzar 7,2% del PIB este año, uno de los niveles más altos sin que se presente una externalidad económica extraordinaria como la pandemia. Hay que tener en cuenta que el promedio del déficit desde 1994 no ha superado 4% del PIB. Sin la línea flexible, la proyección de la deuda en TES a 10 años estaría alrededor de 13%, mientras que una eventual financiación del FMI podría reducirla a 4%. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Sencillo: evitar más falta de liquidez presupuestal para financiar salud, pensiones, educación, agua y saneamiento básico, los rubros de mayor impacto social.

En un ejercicio de política fiscal comparada, Portugal y Grecia, que acudieron a esta medida, lograron recuperarse después de una profunda contracción y accedieron de nuevo a los mercados, pero siguieron lidiando con una deuda pública elevada. En nuestra región, Argentina demostró que esta vía no es viable si no existe estabilidad en la política económica, mientras que en Jamaica la reducción sustancial de su deuda estuvo acompañada por reglas fiscales, superávits primarios persistentes y un compromiso institucional sostenido, lo que finalmente le permitió superar la crisis.

Cuando los egresos de un Estado superan persistentemente lo que recauda, tiene tres alternativas: aumentar el ingreso, reducir el gasto o endeudarse. En los últimos años Colombia ha utilizado solo la última. Esa deuda tiene un precio y, además, se ha convertido en uno de los componentes más pesados del presupuesto. Si Colombia logra sustituir deuda cara por una más barata, puede reducir los intereses y liberar recursos presupuestales. Pero de nada sirve si no disminuye el tamaño del Estado, pues un préstamo en mejores condiciones no elimina el déficit estructural: simplemente hace menos costoso financiarlo durante un tiempo.

El problema no es que haya desaparecido la institucionalidad macroeconómica, sino que el deterioro fiscal es tan profundo que está poniendo a prueba su capacidad de sostenerse. El FMI funciona como instrumento, pero el resultado depende de la capacidad del Estado para ejecutar y cumplir los compromisos de ajuste fiscal, optimizando la eficiencia de su planta de personal y evaluando la fusión o el cierre de entidades públicas y de programas de los gobiernos de turno que no tienen impacto. Propongo la implementación de un gran plan nacional de recuperación económica con base en incentivos a la productividad, sin generar nuevos impuestos y con una planeación del presupuesto anual que destine por lo menos 30% de los recursos públicos a inversión, es decir, vías, infraestructura, logística y conectividad, emprendimientos de base tecnológica, servicios, turismo y agroindustria. Hoy la inversión está en apenas 16%, es decir, 4,6% del PIB.

La situación actual debe abrir una discusión técnica nacional que parta de la pregunta de hasta cuánto Estado queremos y podemos financiar. No me refiero solo a su funcionamiento, sino a la necesidad de un rediseño institucional que corrija los desequilibrios acumulados y dé paso a una nueva arquitectura estatal orientada a recuperar la inversión sobre una base de incentivos reales y diferenciales a la productividad. Es la productividad la que permite no solo aliviar las finanzas públicas, sino apalancar crecimiento y desarrollo.