Cuando la amenaza desplaza el debate

Cuando la amenaza desplaza el debate, nos encontramos ante el síntoma más claro del deterioro profundo del libre ejercicio democrático en las elecciones. Durante las últimas semanas asistimos a un escenario en el que candidatos de la oposición son intimidados con coronas fúnebres y mensajes explícitos anunciando su muerte; arrecian las acciones terroristas en El Catatumbo, Arauca, Nariño y Antioquia, a seis semanas de las elecciones, y además el gobierno reconoce que escuchaba conversaciones privadas del presidenciable De la Espriella.

No es coincidencia. El reconocimiento de estas escuchas derivó en que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara preparara una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La misma entidad de donde salió Wilmar Mejía, denunciado por sus vínculos con alias Calarcá y que ahora es premiado como jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la agencia de inteligencia estatal responsable de perseguir precisamente las finanzas de estos grupos ilegales. El ratón cuidando el queso.

Cuando la amenaza desplaza el debate, se utiliza el miedo como herramienta electoral para esconderse del diálogo y la argumentación, y para evadir la presentación de propuestas serias y reales, sin populismo, las que necesita el país para reordenarse y recuperar el rumbo. El debate no es un capricho ni una elección: es una muestra ética y de respeto con el electorado. Es la forma de dar la cara para exponer el programa de gobierno, así como de controvertirlo en democracia; no para excusarse y evitar las preguntas incómodas, máxime cuando se pretende dar continuidad a las políticas de este gobierno que tienen al país sumido en una crisis múltiple de salud y medicamentos, de seguridad, de comercio exterior con Ecuador, de pérdida del grado de inversión, de energía o de economía, con un paupérrimo crecimiento de apenas 1,6%.

Cuando la amenaza desplaza el debate, se corre la línea ética y se acude al “todo se vale”. Ahí es donde se mezclan campañas de desinformación, violencia política y verbal, amenazas y constreñimiento de grupos ilegales, silencios cómplices, y se recurre a la perversa combinación de todas las formas de lucha para socavar el sistema democrático.

Es cuando se inventan supuestos planes criminales en su contra, vinculando incluso a la CIA, cual cinematografía ideológica de la Guerra Fría, que luego son desmentidos por las mismas autoridades norteamericanas. En cambio, surgen las amenazas que sí son reales, las que sufre la ciudadanía y no son de película: las de las bandas y grupos ilegales que amedrentan a mandatarios regionales y atacan a militares, policías y a la población civil.

Es claro, es evidente. El asesinato de Miguel Uribe Turbay corroboró que, pese a las advertencias, fue asesinado y hoy, con las evidencias que estamos presenciando, no solo las elecciones, sino su resultado y la democracia están en peligro. La violencia política, la desinformación y el abierto proselitismo de disidencias y grupos de toda pelambre, en diálogos sin avances y con absoluta impunidad, delegados como gestores de paz sin voluntad de paz, preparan un cóctel explosivo que advierte la gravedad de lo que enfrenta el país.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de su Misión de Verificación en Colombia, confirmó en su informe trimestral de 2026 la persistencia de la violencia que alimenta el odio contra campañas y candidatos. Recordemos que, previo a las elecciones del 8 de marzo, se presentó el ataque con fusiles al vehículo de un senador en Arauca, la desaparición de otro parlamentario en Cesar y la muerte de tres soldados del dispositivo de seguridad electoral en Caquetá. También la Misión de Observación Electoral (Moe) reportó que el número de municipios en situación de riesgo aumentó un alarmante 92% con respecto a 2022.

La respuesta no puede ser solo el refuerzo de los esquemas de seguridad, pues son medidas reactivas que no abordan el problema de fondo: la expansión desbordada de los grupos y sus economías ilegales, la pérdida del control territorial y la violencia política. No son incidentes aislados; es un patrón. Cuando la amenaza desplaza el debate, no hay duda de una deliberada, preparada y concertada estrategia, con apoyo del crimen organizado, para afectar el resultado de las elecciones.