Arquitectura estratégica de seguridad para Colombia 2026-2030

Durante los últimos años, la seguridad en el país se ha discutido desde la coyuntura mediática, cuando hay escaladas de violencia o de criminalidad, produciendo soluciones generalmente reactivas, centradas en el incremento del pie de fuerza o en reformas al sistema penal. Estas respuestas, por sí solas, resultan insuficientes. Ninguna economía logra consolidar procesos sostenidos de productividad y crecimiento cuando amplias zonas del territorio permanecen bajo la influencia de organizaciones criminales que sustituyen al Estado, capturan rentas ilegales y ejercen funciones paralelas de gobernanza.

En este contexto cobra especial importancia el trabajo desarrollado por la línea de investigación en Gestión Pública de la Universidad EIA, a través de la Tech Business School (TBS): “Arquitectura Estratégica de Seguridad para Colombia: 35 iniciativas en gestión pública y transformación del Estado 2026-2030”, que propone una nueva estructura estatal basada en cinco pilares, inspirados en los principios del New Public Management. Este enfoque, ampliamente implementado en democracias desarrolladas, comprende la seguridad como un servicio público esencial, sujeto a criterios de eficiencia, coordinación, responsabilidad interinstitucional e innovación tecnológica.

La seguridad dejó de ser un asunto exclusivamente policial o militar para convertirse en una variable determinante de competitividad y desarrollo. La investigación muestra que en 2023 Colombia registró la mayor producción de cocaína de su historia, estimada en 3.708 toneladas anuales. Paralelamente, los integrantes de organizaciones armadas ilegales aumentaron de 15.210 a 27.121 miembros, un crecimiento de 44%. A ello se suma un dato particularmente preocupante para la economía nacional: el costo directo de la violencia y la criminalidad equivale hoy a 3,64% del PIB, aproximadamente $68 billones anuales que el país pierde y deja de destinar a inversión e infraestructura.

Probablemente, el aporte conceptual más novedoso sea el Modelo de Seguridad Pública mediante Control Institucional Territorial del Estado (CITE). La propuesta, respaldada por abundante evidencia empírica, corrobora que el problema central radica en la ausencia integral del Estado, pues allí donde no existe justicia oportuna, educación, infraestructura, salud, formalización económica o administración pública eficiente, inevitablemente aparecen actores criminales que llenan ese vacío institucional.

Otro aspecto especialmente valioso del estudio es la incorporación de herramientas propias de la ingeniería, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la analítica avanzada para fortalecer la gestión pública de seguridad. Se plantea avanzar hacia un modelo de gobierno inteligente mediante una gerencia pública de seguridad, modernizando y descentralizando los procesos de seguridad ciudadana en las regiones, anticipando fenómenos criminales, optimizando la asignación de recursos y evaluando permanentemente el impacto de las políticas públicas. Se trata, en esencia, de incorporar las herramientas de la cuarta revolución industrial al gobierno en materia de seguridad.

También propone una transformación del sistema de justicia reforzando tres atributos: eficiente, próximo y disuasivo frente a los actores criminales. Además, se orienta a la inhabilitación de las economías ilícitas, identificando que los clústeres que hacen que el crimen persista no residen solamente en su capacidad armada, sino en los enormes flujos financieros que generan el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. La propuesta, por tanto, desplaza el centro de gravedad hacia la intervención estratégica de los sistemas económicos que sostienen el crimen organizado.

Finalmente, la investigación reconoce que ninguna transformación institucional será sostenible sin fortalecer las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública; por ende, propone las tres R: Reorganización, Recuperación y Reforzamiento, consolidando instituciones modernas, interoperables y preparadas para enfrentar amenazas híbridas que combinan complejas redes de crimen, economías ilícitas y nuevas formas de violencia.

En tiempos en los que se requiere recuperar el conocimiento técnico especializado y la experiencia en los gobiernos, la investigación realizada por la Universidad EIA y su Tech Business School constituye un aporte de enorme valor para la construcción de la política de seguridad del cuatrienio 2026-2030. Su fortaleza radica precisamente en combinar rigor científico, evidencia empírica, visión estratégica y herramientas de la ingeniería y la gestión pública. La seguridad no constituye un gasto corriente del Estado; representa su principal condición para el crecimiento y el desarrollo.