Revolución o modernidad

Si bien el presidente Petro en sus recomendaciones a los ministros mencionó que estaban frente al reto de una revolución, ello no es así. Una revolución significa un cambio de la institucionalidad, del marco jurídico y constitucional que rige una organización nacional y lo que vimos el domingo fue una transición dentro del marco de la democracia con promesas del parte del nuevo mandatario de respetar ese marco legal e institucional.

Lo que parece más claro es el compromiso de una transición hacia la modernidad entiendo por modernidad la agenda que domina el mundo el siglo XXI. Es la agenda de los países de la Ocde organización a la cual pertenecemos, que consiste en una defensa a fondo del medio ambiente en línea con el cambio climático, una defensa de los derechos humanos, un compromiso con la equidad y la trasparencia, una vocación de paz y mayor intervencionismo del estado tanto en las redes de apoyo a los más vulnerables como en el quehacer económico, con énfasis en la búsqueda de la soberanía alimentaria.

Empecemos por la equidad y el modelo de intervencionismo económico. El primer punto de la agenda del nuevo gobierno es la reforma tributaria que según lo anuncian los funcionarios encargados tiene como objetivo principal acortar la brecha entre los más ricos y las más pobre. Promete meterle la mano al bolsillo de 1% de la población de mayores ingresos o sea aquella que gana más de $10 millones al mes y una lucha contra la evasión para con ello financiar los programas sociales y paralelamente disminuir el déficit fiscal, procurando que la tributación como porcentaje de PIB se acerca a aquella de las naciones más avanzadas. En este plan no es otra cosa que la modernización del sistema fiscal para robustecer el papel del estado en la economía y procurar mayor equidad.

Todo el discurso alrededor de la transición energética no otra cosa que lo que el mundo esta debatiendo y que debería ser compromiso de todos los países. Los nombramientos de las ministras de medio ambiente y minas son una señal clara del rumbo que tomará el Gobierno en materia petrolera y carbonífera. No se expedirán licencias ambientales para proyectos minero-energéticos con gran facilidad y es dable pensar que pasen los cuatro años de esta administración sin que se aprueben nuevas licencias. Paralelo a este discurso, está aquel de los derechos humanos y la transparencia. Los ministros de defensa y otras fichas claves de la administración vienen de largas experiencias en estas materias.

La vocación de paz llega al extremo de la generosidad penal para muchos delincuentes con y sin camuflaje político. Lo que consiste en una apuesta atrevida que va más allá del proceso de paz del gobierno Santos.
Si bien está claro el que y los puntos de la agenda, sobre el como solo hay claridad en la reforma tributaria. A que costo puede el país sacrificar sus exportaciones minero-energéticas. A que costo de vidas se puede transitar hacia un ejercito dedicado a las obras comunitarias y la tarea de anticorrupción mientras se logra que EE.UU. y el mundo cambia su visión sobre la lucha contra las drogas. A que costo cerramos la importación de comida que no podremos producir en el corto plazo, en búsqueda de la soberanía alimentaria. El gobierno solo tiene cuatro años y la pregunta es si la sociedad y el estado podrán hacer ese salto sin morir en el intento. Otras naciones han tomado décadas para lograr estos objetivos.