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El Censo de 2018 muestra una aceleración del proceso migratorio, producto de muchas violencias que se tomaron las zonas rurales del país en el período intercensal 2005-2018. Las cifras muestran que la población localizada en cabeceras municipales en 2018 fue de 77% (37.207.298) mientras que 22,9% (11.051.195) de la población es “rural”, cuando se estimaba que la población urbana era en el mejor de los casos 70%. Según el Centro de Memoria Histórica, entre 2002 y 2008 fueron los años en los que más víctimas de desplazamiento forzado se registraron en Colombia con 3,8 millones de desplazados.
El impacto sobre las ciudades de esta ola migratoria ha sido diferente a la de la ola migratoria provocada por la anterior violencia partidista. Esa llegó mayoritariamente a invadir terrenos en las goteras de las grandes ciudades y a ser víctima de urbanizadores piratas que vendieron lotes sin servicios públicos que los migrantes autoconstruyeron.
Cuando se da la nueva ola migratoria las ciudades tenían mayor capacidad de ordenamiento urbano y de control sobre urbanizaciones irregulares, así que su asentamiento urbano ya no es prioritariamente en nuevas áreas de expansión, sino en densificación poblacional y asentamiento en las poblaciones vecinas a los grandes centros urbanos.
Más que nuevas ciudades, se crearon nuevos espacios urbanizados de manera extensiva, conurbando varios municipios, que aunque política y administrativamente son independientes, pertenecen a una sola realidad económica. Esto sucedió en las cinco principales ciudades de Colombia.
En la región de Bogotá, 11 municipios viven una anexión de hecho, creando una zona metropolitana de 9 millones de habitantes.
La conurbación alrededor de Medellín con sus 10 municipios conforma un espacio único de mas de 3,5 millones de habitantes. Estos, si agrupados en el concepto de Zona Metropolitana lo que les ha permitido afrontar el reto de la mega urbe de mejor manera. Alrededor de Cali se ha generado otro núcleo urbano de varios municipios que suman una población cercana a los 3 millones, que incluye los municipios de Yumbo, Jamundí y otros. Barranquilla, Soledad, Malambo y Galapa suman una población cercana a los dos millones de personas, mientras el área metropolitana de Bucaramanga que incluye a Girón, Floridablanca y Piedecuesta cuenta con casi dos millones de habitantes.
Esta realidad lo que muestra es que algo menos de 70% de la población urbana de Colombia -eso es 50% de la población total- habita alrededor de cinco grandes centros, nuevas megalópolis con nuevos retos que no se han podido sortear exitosamente y son la fuente del malestar urbano que vive el país.
Mientras en la anterior ola migratoria el reto fue dotar de servicios públicos a los nuevos asentamientos urbanos y la política (con p pequeña) se hacía con las necesidades de estos servicios básicos en las poblaciones más vulnerables, los retos de esta nueva expansión urbana son la movilidad, la contaminación ambiental, la convivencia, la seguridad ciudadana y el tráfico de drogas.
Desafortunadamente, por no reconocer esta realidad los municipios conurbados no están sintonizados y las diversas administraciones no han logrado afrontar con éxitos los nuevos desafíos.
Tren de cercanías, Transmilenio desde Soacha son apenas tímidos acercamientos a esta realidad en Bogotá, mientras otros centros ni siquiera lo han intentado. Si bien el conflicto rural distrae la atención, conviene no olvidar esta realidad que es el escenario de las actuales movilizaciones sociales.
