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Miles de jóvenes estudiantes salieron a la calle en 2019 a reclamar un Chile más equitativo y con ello arrastraron una ola de descontento reprimido en la que se consideraba la sociedad y economía milagro de América Latina. Los jóvenes y los cientos de miles de ciudadanos que se unieron a este reclamo pedían un cambio que le permitiera a una proporción importante de la población beneficiarse de enorme progreso y crecimiento que Chile había experimentado en las últimas décadas.
Las diferentes fuerzas políticas y sociales consideraron que para superar la crisis que desató el descontento se debería diseñar un nuevo pacto social mediante la redacción de una nueva constitución. Una cantidad sin antecedentes de 80% de la población votó a favor de la salida constitucional. Paralelamente un joven dirigente estudiantil de izquierda ganó las elecciones presidenciales augurando cambios aún más profundos en la sociedad y la economía de Chile.
La constituyente que eligió el pueblo fue mayoritariamente de izquierda y así se consolidó un triple triunfo de la izquierda chilena que auguraba cambios profundos en el país austral. Por estos antecedentes suena paradójico que tan solo tres años después de las manifestaciones masivas que pusieron en jaque el modelo social, una votación igualmente masiva haya dado un viraje inesperado y le haya puesto un tatequieto al afán desbordado de cambio.
El texto resultante de un año de deliberaciones fue criticado y admirado internacionalmente. Mientras la revista The Economist lo tildó de populista, otro medio inglés, The Guardian, lo alabó como el texto constitucional más perfecto, pero más allá de la visión internacional lo cierto es que los chilenos no se sintieron representados en ese texto y hoy se enfrentan a tramitar en el seno del congreso unos lineamientos constitucionales, que sin provocar un remezón institucional muy fuerte, atienda el deseo de cambio expresado en las tres elecciones anteriores.
¿Qué fue lo que aparentemente no les gustó a los chilenos? En primera instancia se puede decir que la suma de transformaciones que está llevando a cabo el presidente Boric y el carácter excesivamente garantista de la constitución propuesta asustaron a la población que quiere un cambio menos drástico y más pausado. Hay que hacer cambios, pero no cambiar todo y esa es una primera lección para Colombia. Aquí, al igual que en Chile, hay deseo de cambio, pero falta ver si la sociedad resiste muchos cambios drásticos sin que estos se vayan asimilando de manera pausada.
Otro punto central de la discusión fue el del papel del Estado, que es central a toda concepción de una sociedad. El nuevo texto constitucional propugnaba por una mayor injerencia del estado en temas de salud, educación y pensiones. Limitaba el papel de la educación privada, la prestación del servicio de salud por privados y la existencia de fondos de pensión privados. Esos mismos puntos se discuten hoy en Colombia. Acabar con las EPS, acabar con los fondos privados de pensiones y darle responsabilidades en estos casos al estado. Los votantes votaron en la convicción que el estado no lo puede todo y requiere la competencia del sector privado para garantizar eficiencia.
Al presidente Petro no le gustó el resultado y se manifestó con un trino desafortunado, pero más allá del disgusto lo que paso en Chile le debe servir al presidente para reflexionar sobre el rumbo que deba tomar en los próximos años.